La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) valoró la imposición de 43 sentencias condenatorias dictadas en los últimos tres años contra integrantes de estructuras criminales dedicadas a la trata de personas en distintos puntos del país.
Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, destacó que estos resultados son producto del trabajo articulado entre diferentes instituciones del sistema de justicia, lo que ha permitido establecer precedentes importantes en la persecución de este delito en la República Dominicana.
Bejarán expuso sobre el tema durante la continuación del Primer Simposio Internacional de Investigación Criminal: “Ciencia e Innovación contra el Crimen: Retos Contemporáneos de la Investigación Criminal”, realizado como parte del Plan de Modernización y Tecnificación de la Policía Nacional.
Lucha contra estas redes criminales
La funcionaria sostuvo que la lucha contra estas redes criminales requiere coordinación permanente, intercambio de información y estrategias conjuntas que permitan desarticular las estructuras dedicadas a la trata de personas y otros delitos vinculados.
Asimismo, advirtió que ante las nuevas modalidades del cibercrimen las instituciones deben adaptarse y abandonar los métodos tradicionales de investigación, fortaleciendo el uso de tecnologías, inteligencia y cooperación jurídica internacional.
En la investigación criminal contemporánea no basta con reaccionar; es necesario anticipar, comprender la arquitectura del crimen y desmantelar su economía, expresó, al resaltar que la ciencia, la tecnología y la inteligencia constituyen herramientas fundamentales para enfrentar la criminalidad organizada.
Durante su intervención también señaló que algunas estructuras criminales utilizan criptomonedas para el lavado de activos o para facilitar el flujo de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Bejarán, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria en el Ministerio Público, destacó además los avances legislativos en la materia, entre ellos las modificaciones introducidas a la Ley de Trata de Personas entre 2024 y 2025, que establecen la imprescriptibilidad del delito, el aumento de las penas y la diferenciación entre autores y cómplices.
El simposio, que concluye este viernes 6 de marzo en un hotel de la capital, reúne a expertos nacionales e internacionales para analizar los retos de la investigación criminal, el uso de inteligencia artificial, la gestión de datos y otros mecanismos orientados a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado y mejorar la confianza ciudadana en la seguridad pública.
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