El procurador de corte Pelagio Alcántara Sánchez abogó por consolidar una “cultura de extinción de dominio” que fortalezca el conocimiento y uso de esta herramienta legal para recuperar a favor del Estado bienes vinculados a actividades ilícitas.
El planteamiento fue expuesto durante un encuentro con integrantes de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezado por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, quien subrayó la necesidad de desarticular el soporte económico de las redes criminales para frenar su capacidad operativa.
La actividad se realizó en las instalaciones de la PETT, con participación de abogados, fiscales e investigadores judiciales.
Alcántara Sánchez destacó la importancia de que los operadores del sistema conozcan a fondo la Ley 340-22 sobre Extinción de Dominio, promulgada el 28 de julio de 2022, que establece el marco para perseguir bienes obtenidos por delitos como trata de personas, lavado de activos, narcotráfico, corrupción y otras formas de criminalidad organizada.
“El procedimiento es mucho más rápido que el proceso penal”, señaló, al advertir que su efectividad dependerá de la preparación de los actores judiciales. A su juicio, el mecanismo puede resultar más práctico para afectar el patrimonio ilícito incluso cuando el proceso penal siga su curso, al tratarse de una vía enfocada en los bienes y no en la sanción personal.
También explicó que pruebas del proceso penal pueden trasladarse al procedimiento de extinción de dominio para vincular los bienes con el delito.
El comunicado recuerda que, en noviembre pasado, el Consejo Superior del Ministerio Público creó la Unidad para las Investigaciones de Extinción de Dominio y designó a Alcántara Sánchez como director.
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