La jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, ratificó la prisión preventiva por 18 meses contra Héctor Antonio Lora Cruceta, imputado en el caso denominado Operación Onco14, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
La decisión fue adoptada durante la revisión obligatoria de la medida de coerción, luego de que el Ministerio Público solicitara que se mantuviera la prisión preventiva. El tribunal consideró que no habían variado los presupuestos tomados en cuenta cuando se impuso la medida en junio pasado.
Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago.
Su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, también cumple 18 meses de prisión preventiva en el CCR Rafey Mujeres. Guzmán es presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
En el caso de Guzmán, la Corte de Apelación de Santiago ratificó este mes la medida de coerción a solicitud del Ministerio Público. La revisión obligatoria fue fijada para el próximo 2 de diciembre, debido a que el plazo de tres meses para esa revisión comenzó a contarse nuevamente desde el 2 de septiembre, cuando la Corte conoció el recurso.
La exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, cumple arresto domiciliario y renunció a la revisión de esa medida. Vargas Sánchez se divorció de Lora Cruceta en 2014 y, según el Ministerio Público, ocupó la vicepresidencia y ejerció funciones de auditora interna y externa del Patronato durante el período en que este presidía esa asociación sin fines de lucro.
Investigación por presuntas maniobras fraudulentas
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el expediente incluye presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y servicios vinculados al Instituto Oncológico Regional del Cibao.
El órgano persecutor investiga, entre otros hechos, presunto fraude clínico y farmacéutico, que habría incluido cambios en indicaciones médicas, utilización de sellos médicos falsos, doble facturación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y entrega incompleta de medicamentos.
También atribuye a los imputados otras actuaciones que forman parte del expediente, como la supuesta venta de medicamentos donados, restricciones a donaciones gratuitas, contrabando mediante exoneraciones fiscales y tráfico de sustancias controladas.
La investigación incluye además el supuesto uso de habitaciones del oncológico para cirugías estéticas, gastos de representación que el Ministerio Público considera ilegítimos, reembolsos fraudulentos relacionados con viajes y hoteles, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.
Según la acusación preliminar del Ministerio Público, entre los mecanismos investigados figura la creación de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida para, presuntamente, distraer fondos y facturar a SeNaSa servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados a pacientes del oncológico de Santiago.
El órgano persecutor también señala una presunta autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios a personas vinculadas a las entidades investigadas.
El caso fue declarado de tramitación compleja y permanece en fase de investigación.
Ministerio Público también informó sobre otros procesos de SeNaSa
En el comunicado, el Ministerio Público vinculó además la información con la Operación Cobra 2.0-A, otro proceso relacionado con presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud.
En ese expediente, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso prisión preventiva, arresto domiciliario y garantías económicas a 24 personas arrestadas durante la operación.
La prisión preventiva fue impuesta a Angeury Guzmán, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Wander Díaz y Juan Henry Poueriet, quienes deberán cumplirla en el CCR Las Parras, en San Antonio de Guerra.
También fueron enviados a prisión preventiva Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes cumplirán la medida en el CCR Najayo Mujeres.
Para esos imputados, la revisión obligatoria de la medida de coerción fue fijada para el 22 de diciembre de 2026.
Otros nueve imputados quedaron bajo arresto domiciliario: Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
A Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo se les impuso garantía económica de RD$2 millones mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida y arresto domiciliario.
Martha María Saldaña Saldaña recibió una garantía económica de RD$3 millones, además de impedimento de salida y arresto domiciliario.
Mientras que José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré quedaron sujetos a garantía económica de RD$1 millón, impedimento de salida y presentación periódica.
El expediente de Cobra comenzó a judicializarse el año pasado
El Ministerio Público recordó que una de las líneas de investigación de la Operación Cobra comenzó a judicializarse el año pasado con el arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, y de los también imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
A este grupo se le atribuyen, según el Ministerio Público, presuntos delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
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