Un juez de San Cristóbal impuso prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán, señalado por el Ministerio Público como principal imputado en un caso de presunto maltrato físico y psicológico y trabajo o servicio forzado contra varios niños, niñas y adolescentes que se encontraban en un establecimiento de Bajos de Haina que operaba bajo la apariencia de una fundación y un espacio religioso.
El tribunal también impuso una garantía económica de RD$20,000, presentación periódica e impedimento de salida del país a Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quien figura como otro de los imputados en el proceso.
Capellán, identificado también como «el Pastor» o «Capellán», deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, en San Cristóbal.
La decisión fue adoptada por el juez José Carlos Arias, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, después de que el Ministerio Público presentara las evidencias con las que sustentó su solicitud de medidas de coerción.
Rescate de 13 menores
Los hechos investigados salieron a la luz después de que uno de los menores que permanecían en el lugar escapara y llegara hasta un destacamento policial. Su denuncia alertó a las autoridades sobre las condiciones en que se encontraban los niños, niñas y adolescentes.
A partir de esa alerta se inició una investigación que condujo a la solicitud de órdenes judiciales para el arresto de los imputados.
Allanamientos simultáneos
Entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto de 2026, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, en Bajos de Haina.
Durante la intervención fueron rescatados 13 menores, con edades que iban desde los cuatro meses hasta los 13 años. De acuerdo con la investigación presentada por el Ministerio Público, los niños mostraban signos evidentes de maltrato físico y psicológico.
El establecimiento funcionaba en el interior de una finca y, según la acusación, utilizaba como fachada las actividades de una fundación y un espacio religioso.
La operación fue ejecutada por la Fiscalía de San Cristóbal y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), con apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional y de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC).
También participaron organismos vinculados a la protección de la niñez, entre ellos la Dirección de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Investigación bajo acusaciones graves
La solicitud de coerción fue presentada por la titular de la PETT, Yoanna Bejarán; la fiscal titular de San Cristóbal, Ramona Santana, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
Durante la audiencia, los fiscales Fanny Garabitos Guerrero y Roberto Reyes expusieron las pruebas en las que sustentaron las medidas solicitadas.
Los menores afectados están representados en el proceso por abogados del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic).
El caso queda ahora sujeto al desarrollo de la investigación judicial, mientras las autoridades procuran establecer las circunstancias en que los menores permanecían en el establecimiento y las responsabilidades individuales que correspondan.
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