El Gobierno dominicano ejecuta la ofensiva de inspección laboral más intensa de su historia reciente en el sector agrícola: solo en el primer trimestre de 2026 realizó 1,919 visitas de fiscalización en busca de trabajo infantil, el equivalente al 37.7 % de todo lo inspeccionado durante 2025. Si el ritmo se sostiene, el año cerrará con cerca de 7,676 operativos, un salto del 50 % respecto al año anterior. Pero los números también revelan lo que el discurso oficial tiende a suavizar: en esas visitas aparecieron cinco niños —de entre 6 y 10 años— recogiendo tomates en Azua y arroz en Higüey.
Un aparato que crece, pero que antes no encontraba nada
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, presentó ayer un informe de avances que combina cifras alentadoras con una admisión implícita: durante todo 2025, las inspecciones agrícolas no registraron ni un solo caso de trabajo infantil. En el primer trimestre de 2026, en cambio, ya se detectaron dos situaciones con cinco menores involucrados.
Más inspecciones, según el oficialismo, generan mayor capacidad de detección. Pero también expone lo siguiente: o el sistema no estaba mirando donde debía, o las condiciones en el campo se deterioraron.
El sector cañero, bajo la lupa
El avance más llamativo del informe es el del sector cañero. En todo 2025 se realizaron 597 inspecciones en ingenios y plantaciones de caña. En los primeros tres meses de 2026 ya se ejecutaron 421, el 70.5 % del total anual previo. La proyección al cierre del año ronda las 1,684 visitas: un incremento del 182 %.
Ese foco no es casual. La industria azucarera dominicana arrastra una historia de señalamientos internacionales. En noviembre de 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitió una Orden de Retención contra Central Romana Corporation —la mayor productora de azúcar del país— por prácticas consistentes con trabajo forzado, incluyendo condiciones de vida inadecuadas y retención de salarios a trabajadores migrantes haitianos. La orden fue levantada en marzo de 2025, pero organizaciones sociales como CIPROS, el Centro Montalvo y la Unión de Trabajadores Cañeros denunciaron en junio de ese año que las irregularidades persistían en los bateyes.
Talleres, psicólogos y traductores: la apuesta preventiva
Más allá de los operativos, el Ministerio apuesta por un modelo de intervención integral. La Dirección de Erradicación del Trabajo Infantil, que encabeza Hilaria Hilario, realizó 138 talleres bajo la metodología DARSE (Detección, Atención, Referencia, Seguimiento y Erradicación), en los que fueron sensibilizadas 6,396 personas —3,285 mujeres y 3,111 hombres—, triplicando la meta original de 2,000.
El equipo especializado que opera en campo está integrado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y traductores. Este último perfil no es un detalle menor: la presencia de traductores apunta directamente a la población migrante haitiana, históricamente concentrada en los sectores agrícolas donde el trabajo infantil tiende a ser más invisible y más difícil de documentar.
Olivares anunció que el equipo será ampliado en el segundo semestre de 2026 para reforzar el alcance territorial.
Qué pasó con los cinco niños de Azua e Higüey
Ante los dos casos detectados en el primer trimestre, el Ministerio actuó con un protocolo de respuesta inmediata: levantamiento de actas de infracción, reinserción escolar de los menores, seguimiento a las familias y jornadas de sensibilización en las comunidades afectadas. La coordinación interinstitucional incluyó mecanismos de restitución de derechos.
El comunicado oficial no identifica a los empleadores ni detalla si se aplicaron sanciones económicas. Tampoco precisa si los menores son dominicanos o hijos de migrantes, un dato relevante dado que, según reportes de 2025, los niños sin documentación son los más vulnerables a este tipo de explotación.
El contexto global
La presión sobre el Gobierno dominicano no viene solo de adentro. En junio de 2025, la OIT y UNICEF publicaron su informe "Trabajo infantil: estimaciones mundiales en 2024″, que reveló que casi 138 millones de niños y niñas en el mundo seguían sometidos a trabajo infantil, y que la región de América Latina y el Caribe concentraba 7.3 millones de casos. En RD, si bien la tendencia es a la baja —el país registró una reducción del 3.8 % en los últimos años—, los organismos internacionales advirtieron que persisten brechas sociales graves, especialmente asociadas a la pobreza y a la falta de documentación de niños migrantes.
El Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo Infantil, que preside el Ministerio de Trabajo con la participación de más de 70 instituciones, se mantiene en sesión permanente. La pregunta que ese comité deberá responder en los próximos meses es si el aumento de inspecciones se traducirá en una reducción real de casos, o si los números seguirán siendo, en parte, un reflejo de lo que el Estado decide mirar.
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