El Consejo del Poder Judicial anunció un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y Economía para aplicar aumentos salariales escalonados a jueces, empleados administrativos y personal de apoyo jurisdiccional, en medio de reclamos internos por mejores condiciones laborales y demandas de mayor estabilidad dentro del sistema judicial.
La medida contempla un incremento general de 30 % para jueces y personal administrativo, dividido en un 20 % en 2026 y otro 10 % en 2027. En el caso del personal de apoyo jurisdiccional —como secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— los ajustes salariales oscilarán entre 35 % y 50 %, dependiendo del cargo y la instancia.
El anuncio se produjo durante una reunión encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, junto a representantes de jueces y servidores judiciales. El encuentro ocurre semanas después de que distintos sectores del sistema judicial expresaran inconformidad por retrasos en ascensos, pagos pendientes y condiciones laborales.
Según explicó el órgano judicial, el acuerdo es resultado de conversaciones iniciadas desde julio de 2025 dentro del denominado Plan Justicia del Futuro 2034. Aunque el Consejo calificó el aumento como el más importante desde 2017, no ofreció detalles sobre el impacto presupuestario total ni sobre cómo se financiarán los ajustes en los próximos dos años.
Además de los incrementos salariales, el Poder Judicial informó que aprobó 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces y 144 acciones de personal para cubrir vacantes en tribunales. También anunció el pago retroactivo de compensaciones por suplencias judiciales pendientes desde mayo y la regularización de servidores interinos con más de seis meses en funciones.
Entre las medidas anunciadas figura además la creación de una Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa, mediante mesas departamentales y distritales que, según el Consejo, buscarán identificar necesidades prioritarias en distintas jurisdicciones.
El Poder Judicial aseguró que en las próximas semanas ejecutará los pagos pendientes, comunicará ascensos y traslados y presentará ajustes presupuestarios vinculados al nuevo esquema salarial y operativo.
El anuncio se produce en un contexto de presión sobre el sistema de justicia por reclamos relacionados con carga laboral, falta de personal y cuestionamientos sobre la lentitud en algunos procesos administrativos y judiciales.
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