La parte querellante en el proceso judicial contra varios implicados en una presunta red de fraude bancario, la cual operaba desde el municipio Bonao, provincia Monseñor Nouel, recusó al juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional, alegando parcialidad en el conocimiento del caso.
Según los querellantes, el magistrado habría emitido previamente medidas de coerción contra ocho imputados de este mismo expediente, dictando garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, lo que –a su juicio– compromete su objetividad en la audiencia actual.
Sin embargo, el abogado Jesús Amador, representante legal de dos de los acusados, rechazó este recurso, calificándolo de improcedente.
“No estamos de acuerdo con esa recusación; el juez no ha incurrido en ninguna falta que justifique apartarlo del caso”, declaró.
De igual modo, el jurista Miguel Canela, defensor de otro de los imputados, expresó que “parece que los querellantes desconocen las vías recursivas pertinentes para apelar una decisión judicial, y recurren a medidas que entorpecen el proceso”.
La acusación sostiene que los imputados integraban una estructura que accedía de forma ilícita a datos confidenciales de clientes de una entidad bancaria para realizar transferencias electrónicas a cuentas que ellos controlaban.
El Ministerio Público explicó que las investigaciones se iniciaron a raíz de múltiples reclamaciones de usuarios bancarios, quienes denunciaron haber sido víctimas de transferencias no autorizadas.
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