Organizaciones civiles denuncian exclusión de la orientación sexual en el Código Penal

Diversas organizaciones de la sociedad civil en República Dominicana interpusieron este miércoles 26 de agosto una acción de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Penal (Ley núm. 74-25), al considerar que la exclusión de la orientación sexual como categoría protegida frente a la discriminación vulnera derechos fundamentales.

El manifiesto nacional presentado por los activistas denuncia que el artículo 173 genera un vacío legal que deja a la comunidad LGBTIQ en situación de desprotección jurídica. Según explican, esta omisión contradice el principio de igualdad establecido en la Constitución y dificulta el acceso a la justicia en casos de violencia o trato desigual.

Las organizaciones subrayan que el derecho penal exige claridad estricta y prohíbe la analogía para extender delitos. Por esto, depender de interpretaciones amplias coloca a las víctimas en un limbo jurídico, debilitando la confianza en las instituciones y favoreciendo la impunidad.

Entre los impactos señalados están la falta de sanción a abusos cotidianos como exclusión laboral, negación de servicios, acoso escolar y tratos degradantes. También advierten que la ausencia de un tipo penal explícito desincentiva la denuncia y limita la actuación de fiscales y jueces.

El manifiesto recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia TC/1225/25) reconoce la orientación sexual como parte esencial de la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que no puede ser utilizada para restringir derechos.

Asimismo, el Artículo 39 de la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y deben recibir la misma protección sin discriminación. Para los convocantes, la exclusión contradice este mandato y envía un mensaje de desigualdad estatal.

¿Quiénes se unen en esta acción de inconstitucionalidad?

Las entidades firmantes incluyen a COLESDOM, Diversidad Dominicana, TRANSSA, CE-MUJER, MUDHA, CIPAF, UNIDI, entre otras más de veinte organizaciones, además de activistas independientes. Todas coinciden en que la demanda no busca privilegios, sino una redacción clara que garantice la dignidad humana.

Los activistas resaltan que la población LGBTIQ enfrenta riesgos significativamente mayores de abuso y violencia, por lo que la protección estatal debe ser coherente y efectiva. “Hablar de igualdad sin reconocer la orientación sexual es dejar una promesa incompleta”, señalan en el documento.

La acción de inconstitucionalidad es presentada este miércoles 25 de agosto ante el Tribunal Constitucional, donde decenas de personas se concentraron con pancartas exigiendo derechos como seres humanos y reclamando que la discriminación no siga haciendo estragos.

El manifiesto permanece abierto a nuevas adhesiones de colectivos y ciudadanos comprometidos con la igualdad. Para sumarse, los interesados pueden contactar a COLESDOM vía correo electrónico (colesdom.rd@gmail.com) o WhatsApp (+1 829 526 3235).