A propósito de la entrada en vigencia, el próximo 3 de agosto, de la Ley 74-25 que instituye el nuevo Código Penal dominicano, distintos sectores han reabierto el debate sobre varias de sus disposiciones, al considerar que algunos artículos requieren modificaciones antes de comenzar a aplicarse.
Uno de los cuestionamientos fue planteado por el abogado y periodista Robinson Reyes, quien criticó el artículo 192 al considerar que representa una amenaza para la libertad de prensa, el derecho a la información y la documentación de hechos de interés público.
Según explicó, aunque el nuevo Código Penal incorpora reformas que considera necesarias, existen disposiciones que calificó como "simplemente inaceptables". En ese sentido, objetó el artículo que establece penas de seis meses a un año de prisión y multas de uno a dos salarios mínimos para quien publique o difunda imágenes o videos de otra persona sin su consentimiento.
Reyes sostuvo que una interpretación literal de esa disposición podría obligar tanto a periodistas como a ciudadanos a obtener autorización previa de las personas grabadas antes de difundir imágenes, incluso cuando documenten hechos de interés público.
Como ejemplo, citó los casos en los que ciudadanos captan con sus teléfonos celulares presuntos abusos cometidos por agentes policiales.
A su juicio, la redacción del artículo permitiría sancionar a quien difunda ese material si no cuenta con el consentimiento del funcionario grabado.
Asimismo, afirmó que exigir una autorización adicional para difundir entrevistas o declaraciones públicas resulta incompatible con el ejercicio del periodismo, ya que cuando una persona accede voluntariamente a ofrecer declaraciones ante un medio, el consentimiento para su difusión se entiende implícito.
Juez advierte sobre penas "altamente punitivistas"
Otro de los pronunciamientos provino del juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Rafael A. Báez, quien consideró que el nuevo Código Penal contiene penas desproporcionadas y un enfoque excesivamente punitivo.
El magistrado cuestionó la incorporación del cúmulo de penas, mecanismo que permitiría condenas de hasta 60 años de prisión en determinados casos. A su entender, ese esquema desborda la finalidad de la sanción penal y elimina, en la práctica, la posibilidad de reinserción social de los condenados.
Báez señaló que el aumento generalizado de las penas contradice los principios que deben regir el sistema penal y sostuvo que una condena de seis décadas para una persona joven supone, en la práctica, excluirla definitivamente de la vida en sociedad.
Moscoso Segarra favorece aplicar el Código y corregirlo después
En contraste, el exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Moscoso Segarra, defendió la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, al considerar que constituye la reforma más importante realizada a esa legislación desde su creación y actualiza el marco jurídico frente a nuevas modalidades delictivas.
No obstante, reconoció que la normativa contiene aspectos perfectibles, por lo que planteó que, una vez entre en vigor, el Congreso Nacional introduzca las modificaciones necesarias o que el Tribunal Constitucional emita sentencias exhortativas sobre los artículos que requieran revisión.
También recordó que el Código Penal dominicano tiene su origen en la codificación napoleónica adoptada por Francia y destacó que ese país ha reformado su legislación penal en múltiples ocasiones.
Propuestas para aplazar la entrada en vigencia
El debate también se trasladó al Congreso Nacional, donde cursan iniciativas que buscan posponer durante seis meses la aplicación del nuevo Código Penal.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) respaldó esa posibilidad al considerar que la legislación contiene incongruencias y posibles inconstitucionalidades, especialmente en materias relacionadas con la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.
En esa misma línea, el diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sometió un proyecto para extender la vacatio legis de la norma por otros seis meses. Argumentó que el período de un año concedido tras la promulgación resulta insuficiente para introducir las correcciones necesarias.
El legislador recordó que el Congreso ya ha ampliado anteriormente los plazos de entrada en vigencia de leyes de gran impacto, como ocurrió con el Código Procesal Penal y la Ley General de Sociedades Comerciales, con el propósito de facilitar su adaptación.
De igual manera, el senador Edward Espiritusanto, de la Fuerza del Pueblo, depositó una iniciativa con el mismo objetivo de aplazar durante seis meses la aplicación del nuevo Código Penal.
Colegio Médico advierte impacto en el ejercicio de la medicina
Otro de los sectores que ha solicitado modificaciones es el Colegio Médico Dominicano (CMD), cuyos representantes acudieron al Senado para pedir la revisión de cuatro artículos que, según afirman, contradicen la Constitución.
El presidente del gremio, Luis Alberto Peña Núñez, advirtió que, de mantenerse el texto actual, se fomentaría una "medicina defensiva", en la que los profesionales de la salud priorizarían evitar responsabilidades penales antes que la atención de los pacientes.
El dirigente explicó que esa situación podría afectar la práctica médica y generar consecuencias negativas tanto para los médicos como para la población que requiere asistencia sanitaria.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}