El Ministerio Público solicitará 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara, fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) arrestado en flagrante delito el pasado viernes 28 de marzo mientras recibía un soborno de US$10,000 de una persona que se encontraba bajo investigación del propio organismo.
La solicitud será presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público ante el tribunal correspondiente, según informó la Procuraduría General de la Repúbluca en un comunicado oficial.
Entrega controlada: así cayó el fiscal
De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, Valdez Alcántara fue detenido mediante una entrega controlada, un mecanismo de investigación en el que las autoridades supervisan y documentan la transacción ilícita en tiempo real.
El fiscal habría gestionado y recibido los US$10,000 directamente de un individuo que estaba siendo investigado por el Ministerio Público, lo que agrava la naturaleza del delito al tratarse de un funcionario encargado precisamente de combatir la corrupción.
El arresto se produjo en el municipio de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, y llevó a la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien dirige personalmente la investigación del caso, a remarcar que "jamás vamos a tolerar actos de corrupción".
Reynoso reiteró el compromiso institucional contra la corrupción y anunció que se buscará una sanción ejemplarizadora en este caso, que es considerado de extrema gravedad por tratarse de un miembro del propio aparato de persecución penal del Estado.
El caso resulta particularmente sensible porque Valdez Alcántara formaba parte de la Pepca, la unidad especializada del Ministerio Público creada específicamente para perseguir delitos de corrupción administrativa.
Que un fiscal de esta dependencia sea acusado de recibir sobornos de personas bajo su propia investigación representa un golpe a la credibilidad institucional, aunque las autoridades han buscado convertir el episodio en una demostración de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quienes la aplican.
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