El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra un ciudadano colombiano detenido en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) cuando se disponía a viajar hacia Panamá con US$600,700 en efectivo que no había declarado ante las autoridades.
Se trata de Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años, quien fue arrestado en flagrante delito el pasado 3 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la tarde, durante el proceso de verificación de su equipaje en la terminal aérea. Además de los US$600,700, las autoridades le ocuparon cinco euros y 647,000 pesos colombianos, así como un teléfono celular y su pasaporte.
Según la solicitud de medida de coerción, un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) que se encontraba de servicio en el aeropuerto recibió una alerta del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAC), luego de que las divisas fueran detectadas durante la revisión del equipaje. El documento de Aduanas establece que Ossa Ospina había ingresado ese mismo día al país en un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, Colombia.
El Ministerio Público también pidió que el proceso sea declarado de tramitación compleja, al considerar que la investigación requiere un plazo mayor para completar las diligencias y presentar el requerimiento conclusivo correspondiente.
La investigación está a cargo de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, dirigida por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta.
La acusación provisional vincula al detenido con infracciones asociadas al lavado de activos, previstas en la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y con el delito de contrabando, establecido en la Ley 168-21 de Aduanas de la República Dominicana.
La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva fue aplazada para este viernes 11 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana. El proceso será conocido por el juez Leomar Cruz Quezada, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este.
El Ministerio Público indicó que sustenta su solicitud con pruebas documentales, materiales y testimoniales que, a su juicio, permiten establecer razonablemente la responsabilidad del imputado en los hechos investigados.
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