El Ministerio Público inició este lunes con la lectura de la acusación en la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los 12 detenidos acusados de recibir supuestamente sobornos a cambio de borrar antecedentes penales en la operación denominada Gavilán.
En esta audiencia se encuentran, en representación del órgano persecutor, los procuradores fiscales Sourelly Jáquez y Andrés Mena, quienes leerán las 339 páginas que contiene la acusación.
Para este caso el Ministerio Público está solicitando para todos los acusados 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado complejo por el juez Rigoberto Sena Ferreras de la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional.
En los allanamientos simultáneos, realizados la semana pasada en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís, fueron apresados Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva. La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al expolicía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
Algunos datos sobre la investigación
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Inspectoría General del Ministerio Público inició en marzo del año 2022 con la investigación de este proceso, la cual arrojó que los empleados que desempeñan funciones en la Dirección de Tecnología de la Información y comunicación de la Procuraduría General de la República y dependencias de fiscalías a nivel nacional, donde los empleados, el imputado Alfredo Mirambeaux Villalona, quien se desempeñaba como Encargado de División de Administración de Base de Datos en la Gerencia de Tecnología de la Información y comunicación, el imputado Martires Rosario Reyes quien se desempeñaba como soporte de sistemas de justicia en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, el imputado Rubén Darío Morban.
En cuanto el imputado Domingo Julio Santana Sánchez, mensajero externo de la Fiscalía del Distrito Nacional y la imputada Dilcia Argentina Núñez Santos, quien se desempeñaba como médico en el Centro de corrección La Victoria, quienes a raíz de la comprobación de informaciones e indagatorias por parte del órgano acusador, los citados empleados conjuntamente con los imputados Luis Alfredo Astacio Polanco, Antony Vicente Ferrer Monegro, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina, Ashley Darleni Morban Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, se encuentran ejecutando maniobras informática fraudulentas de acceso ilícito para alterar, borrar, modificar, afectar, dañar los datos y registros delictivos (fichas) de los ciudadanos que han violentados las leyes penales en el sistema de justicia dominicano, contenidos en la base de datos del Sistema de Investigación Criminal (SIC) del Ministerio Público alojados en los sistemas informáticos de la infraestructura tecnológica de la Procuraduría General de la República, entre otras actividades relacionadas con el cibercrimen, corrupción, soborno, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, suministro de información de seguridad nacional en el desempeño de sus funciones, mediante la ejecución de los siguientes modus operandi comprobados hasta el momento de la presente solicitud.
En la Fiscalía de Monte Plata, el órgano persecutor pudo determinar que el coordinador de la referida Fiscalía Carlos Santa Abad, por instrucciones del imputado Mártires Rosario Reyes se dedicaba a cobrarle a los usuarios para el retiro de las fichas de manera irregular, que dichos retiros no solo se realizaban en el marco de quienes por alguna razón no estaban sujeto a tener el referido registro criminal, sino que personas con procesos abiertos les eran retirados los antecedentes penales o fichas a cambio de sobornos o remuneraciones económicas.
Otros implicados en el proceso
La fiscal Sourelly Jáquez informó que en este proceso se encuentran involucrados al menos siete fiscales, contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.