El juez Rigoberto Cena Ferrara, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente Distrito Nacional, fijó para el próximo lunes la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los implicados en operación Gavilán, acusados de eliminar antecedentes penales de procesados a cambio de sobornos.

El magistrado acogió la solicitud presentada por los representantes legales, quienes pidieron más tiempo para conocer el expediente.

Tras salir de la sala de audiencia el fiscal Andrés Mena, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público dijo que este proceso cuenta con un expediente sólido que cuenta con más de cientos de pruebas y 339 páginas.

En este proceso figuran Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.

También, contra Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva. La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.

Algunos datos sobre la investigación

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Inspectoría General del Ministerio Público inició en marzo del año 2022 con la investigación de este proceso, la cual arrojó que los empleados que desempeñan funciones en la Dirección de Tecnología de la Información y comunicación de la Procuraduría General de la República y dependencias de fiscalías a nivel nacional, donde los empleados, el imputado Alfredo Mirambeaux Villalona, quien se desempeñaba como Encargado de División de Administración de Base de Datos en la Gerencia de Tecnología de la Información y comunicación, el imputado Martires Rosario Reyes quien se desempeñaba como soporte de sistemas de justicia en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, el imputado Rubén Dario Morban.

En cuanto el imputado Domingo Julio Santana Sánchez, mensajero externo de la Fiscalía del Distrito Nacional y la imputada Dilcia Argentina Núñez Santos, quien se desempeñaba como médico en el Centro de corrección La Victoria, quienes a raíz de la comprobación de informaciones e indagatorias por parte del órgano acusador, los citados empleados conjuntamente con los imputados Luis Alfredo Astacio Polanco, Antony Vicente Ferrer Monegro, Yokaira Elizabeth Carmona, Romanqui Alexander Dotel Medina, Ashley Darleni Morban Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva, se encuentran ejecutando maniobras informática fraudulentas de acceso ilícito para alterar, borrar, modificar, afectar, dañar los datos y registros delictivos (fichas) de los ciudadanos que han violentados las leyes penales en el sistema de justicia dominicano, contenidos en la base de datos del Sistema de Investigación Criminal (SIC) del Ministerio Público alojados en los sistemas informáticos de la infraestructura tecnológica de la Procuraduría General de la República, entre otras actividades relacionadas con el cibercrimen, corrupción, soborno, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, suministro de información de seguridad nacional en el desempeño de sus funciones, mediante la ejecución de los siguientes modus operandi comprobados hasta el momento de la presente solicitud.

En la Fiscalía de Monte Plata, el órgano persecutor pudo determinar que el coordinador de la referida Fiscalía Carlos Santa Abad, por instrucciones del imputado Mártires Rosario Reyes se dedicaba a cobrarle a los usuarios para el retiro de las fichas de manera irregular, que dichos retiros no solo se realizaban en el marco de quienes por alguna razón no estaban sujeto a tener el referido registro criminal, sino que personas con procesos abiertos les eran retirados los antecedentes penales o fichas a cambio de sobornos o remuneraciones económicas.