La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijó para este viernes a las 10:00 de la mañana la audiencia de solicitud de medida de coerción contra implicados en operación Gavilán, quienes supuestamente recibían sobornos a cambio de eliminar antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
Desde tempranas horas de este jueves, representantes legales acudieron al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en busca del expediente.
El abogado Jorge Luis Vargas, quien representa a Mártires Rosario Reyes, dijo que fue informado de que quizás en el transcurso de la tarde de hoy será entregado el expediente a los defensores.
En la madrugada de hoy, el Ministerio Público depositó la documentación ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional que consta de 339 páginas y más de 100 elementos de prueba.
El órgano persecutor está solicitando la imposición de prisión preventiva consistente en 18 meses y que el caso sea declarado complejo.
Entre los detenidos se encuentran Mártires Rosario Reyes, soporte del sistema de justicia de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría General de la República.
También, Rubén Darío Morbán Santana, encargado de la división de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este y su esposa Laudelina Esther Reyes Silva. La medida incluye a los empleados de la Procuraduría General de la República Pilar Yrenes Medina Trinidad y Domingo Julio Santana Sánchez, así como a los coimputados Yokaira Elizabeth Carmona, al ex policía Luis Alfredo Astacio Polanco, Ashley Darleni Morbán Reyes, el miembro de la Policía Nacional Antony Vicente Ferrer Monegro, Romanqui Alexander Dotel Medina y Dilcia Argentina Núñez Santos.
La operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
Los fiscales que investigaron la red contaron con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los diversos allanamientos realizados el martes el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.
Con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Joel Ambiorix Pimentel García (la J) y José Hamilton Ureña (Nino Come Mezcla), dos de los principales investigados de la Operación Halcón IV, y decenas de casos de crimen organizado figuran entre los beneficiados por los involucrados en la red.