El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, expresó su confianza en que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dicte sentencias ejemplares en el juicio por corrupción administrativa contra los generales Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, junto a otros coimputados.
"Esperamos que este caso cierre con sentencias que sean ejemplares y no simbólicas", afirmó Camacho al responder a los periodistas que lo abordaron sobre unos planteamientos formulados al tribunal por la defensa del procesado Raúl Alejandro Girón Jiménez, los cuales el procurador adjunto calificó como una "confusión" de su abogado.
"Eso no es más que una confusión", sentenció.
El acuerdo de colaboración
Camacho explicó que el acuerdo suscrito entre el Ministerio Público y Girón Jiménez consta en un documento que ya fue puesto a disposición del tribunal. "No debe haber mayores inconvenientes para que este proceso termine conforme a los términos que se incluyeron en ese acuerdo", indicó.
El procurador adjunto recordó que el Ministerio Público asumió un compromiso al acordar unos términos asentados por escrito. "Cumplimos con esos términos y la defensa tiene que respetar, además, los términos que se establecieron en este acuerdo", sostuvo.
Precisó que la forma de conocer ese acuerdo en el tribunal podía hacerse de manera oral en audiencia, dado que el proceso, conforme al Código Procesal Penal, es oral, por lo que no había necesidad de presentarlo de manera escrita.
"Pero hoy lo hemos puesto a disposición del tribunal para que también pueda tener claridad sobre cuáles han sido los términos que acordó el Ministerio Público y, sobre todo, saber que hemos cumplido al pie de la letra con lo pactado", señaló.
Decomiso de bienes y dinero
Camacho recordó que el acuerdo contempla el decomiso de dinero, el cual se justifica con las pruebas presentadas por el Ministerio Público en las audiencias que presiden las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
"Lo que hemos presentado en el proceso justifica el decomiso de ese dinero y esperamos que el tribunal lo decomise", indicó. "Ya verán que en derecho procede el decomiso de ese dinero y es lo que va a mantener el Ministerio Público", agregó.
El procurador adjunto representó al Ministerio Público junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez Fulcar.
Las penas solicitadas
El Ministerio Público solicitó en febrero 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos para los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola como líderes de la red que sustrajo al Estado más de RD$4 mil 500 millones.
La misma pena fue solicitada para el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.
También se pidieron 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
Asimismo, el Ministerio Público requirió 10 años de prisión y multas de 200 salarios mínimos para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón y Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez.
Lo mismo para Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, el sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía de los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto de los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.
Además, se solicitaron 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez (con multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de RD$500 000) y Miguel Ventura (multa de RD$500 000).
Disolución de empresas
El Ministerio Público solicitó también la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna, con una multa de 200 salarios mínimos.
El mismo castigo fue requerido para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial SRL.
Para la razón social Rawel Importadores SRL se solicitó la disolución y una multa de 10 millones de pesos.
Un expediente voluminoso
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el proceso judicial se incluyen 2201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, entre las que figuran armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 000 en efectivo, todos solicitados en decomiso.
Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020 desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Cabe señalar que el juicio se encuentra en su etapa final, con la presentación de los argumentos de clausura de las defensas.
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