La fiscal Mirna Ortiz informó que el Ministerio Público solicitará penas que oscilarán entre cinco y veinte años de prisión contra los imputados del caso Coral, al señalar que las sanciones se corresponderán con los tipos penales por los que están siendo juzgados.
Durante sus conclusiones, el órgano acusador sostuvo que Boanerges Reyes Batista no poseía propiedades antes del año 2012, pero que su situación patrimonial cambió de manera significativa tras su ingreso al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), período en el que, según la acusación, sus activos se multiplicaron de forma exponencial.
De acuerdo con el Ministerio Público, entre 2012 y 2020 Reyes Batista adquirió cinco propiedades inmobiliarias, dos vehículos, certificados financieros y otros bienes, además de registrar movimientos financieros de entrada por alrededor de 66 millones de pesos dominicanos, sin que existiera una justificación lícita acorde con sus ingresos.
Ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el fiscal Miguel Collado indicó que entre los bienes más relevantes figura un inmueble ubicado en Colinas del Oeste, valorado en US$ 911,350.98 (equivalente a unos RD$ 51 millones), el cual, según la acusación, habría sido disimulado mediante testaferros, utilizando la razón social Único Real State y a Rafael Núñez de Aza como intermediario en la negociación.
El Ministerio Público afirmó, además, que el imputado omitió y falseó información en su Declaración Jurada de Patrimonio para ocultar el verdadero alcance de su enriquecimiento, y citó un informe de la Cámara de Cuentas que establece que su patrimonio aumentó en 393 % entre los años 2016 y 2021.
Durante el juicio, la acusación presentó pruebas testimoniales, periciales, documentales y materiales que aseguró rompieron la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable. Por estos hechos, a Reyes Batista se le atribuyen cargos que incluyen corrupción administrativa, coalición de funcionarios, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, estafa contra el Estado y asociación de malhechores.
En tanto, el abogado Waldo Paulino, representante legal de Boanerges Reyes Batista y del capitán Franklin Mata, sostuvo que el órgano persecutor no ha demostrado sus alegaciones y que probará la inocencia de sus defendidos.
Afirmó que existen inconsistencias en la acusación, al señalar diferencias en la valoración de una de las casas de Colinas del Oeste, que, según indicó, figura en RD$ 32 millones conforme a datos de Impuestos Internos, mientras el Ministerio Público presentó cifras cercanas a US$ 900 mil.
Asimismo, el abogado Cristian Martínez, representante de Adán Cáceres, sostuvo que en esta fase del proceso el Ministerio Público debía limitarse a resumir, pero que las pruebas no coinciden con lo planteado en la acusación, calificando como “penoso” forzar evidencias.
Este es el tercer día de presentación de los alegatos finales del Ministerio Público, y se espera que concluyan en la tarde de hoy para dar paso a las defensas.
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