Ministerio Público solicita hasta 20 años de prisión y decomiso de bienes para imputados en caso Antipulpo

El Ministerio Público concluyó este lunes la presentación de sus alegatos de acusación en el juicio por el caso Antipulpo, solicitando penas de hasta 20 años de prisión, decomiso de bienes e inhabilitación para ejercer funciones públicas contra los principales acusados del entramado de corrupción.

La mayor condena fue solicitada para Juan Alexis Medina Sánchez, señalado como principal cabecilla del esquema, para quien el órgano acusador pidió 20 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos, el decomiso de todos sus bienes adquiridos ilícitamente y la inhabilitación por igual periodo para desarrollar servicios en el Estado.

Para su hermana, Magalys Medina Sánchez, se requirió una condena de 10 años en Najayo Mujeres, el pago de 200 salarios mínimos, decomiso de bienes e inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer funciones públicas.

En tanto, para Wacal Vernavel Méndez Pineda, el Ministerio Público solicitó una condena de 15 años, con cumplimiento en Najayo Hombres, una multa de 200 salarios mínimos, decomiso de bienes y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Carlos José Alarcón, Ramón Brea y Johnny Brea enfrentarían 10 años de prisión, 200 salarios mínimos de multa y decomiso de bienes. Además, estos últimos quedarían inhabilitados para ser contratados por entidades públicas, financieras y del mercado de valores, y se solicitó su degradación cívica.

También se pidieron 10 años de prisión y sanciones similares para Lina de la Cruz Vargas, José Idelfonso Correa Martínez, Liwin de la Cruz, Paola Molina, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara, José Miguel Genao Torres, Antonio Méndez y Furgio Cabreja.

Manuel Pacheco y Lorenzo Wilfredo fueron incluidos en la solicitud con penas de 5 años de prisión, mientras que Rafael Germosén Andújar y Víctor Encarnación Montero recibirían igual condena, pero este último logró una suspensión parcial de la pena tras llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, entregar voluntariamente bienes por valor de 15 millones de pesos y pagar una multa de 500 mil pesos.

Aquiles Cristopher Sánchez recibió una solicitud de 3 años de prisión suspendida y el pago de 500 mil pesos.

Respecto a las empresas vinculadas al esquema de corrupción, se solicitó su disolución, la cancelación de sus licencias, el decomiso de bienes y una multa de 200 salarios mínimos por incurrir en lavado de activos y sobornos. Las compañías del sector salud enfrentarían, además, la prohibición de contratar con el Estado.