El Ministerio Público inició la lectura de la acusación contra los imputados en el denominado caso Senasa 2.0, durante la audiencia de solicitud de medida de coerción, en la que el órgano acusador, encabezado por Wilson Camacho, expone ante el tribunal los hechos y elementos de prueba que atribuye a los imputados.
La acusación consta de 525 páginas y plantea que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, habría operado una estructura integrada por empleados y exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y profesionales del sector salud, quienes presuntamente se habrían vinculado para defraudar al Estado mediante la generación y tramitación de autorizaciones y reclamaciones médicas fraudulentas.
El expediente señala que Senasa es la institución responsable de administrar los riesgos de salud de sus afiliados y establece que actualmente cuenta con más de 7.5 millones de afiliados, según los datos incorporados en el documento acusatorio.
Presunto esquema de autorizaciones médicas
Según la acusación, los imputados habrían utilizado información privilegiada y conocimientos sobre los protocolos internos de Senasa para ejecutar maniobras que, de acuerdo con el Ministerio Público, tenían como finalidad sustraer recursos del Estado.
El órgano acusador sostiene que la estructura habría funcionado de manera permanente y coordinada mediante un entramado destinado a la confección, validación y reporte de autorizaciones médicas fraudulentas.
El expediente señala además que algunos involucrados habrían accedido a las bases de datos de Senasa para obtener información confidencial de los afiliados y sus planes de salud.
Con esos datos, según la acusación, se elaboraban formularios de reclamaciones médicas a nombre de personas que no habían solicitado ni requerido los servicios que posteriormente aparecían registrados.
El Ministerio Público sostiene que, en algunos casos, se incorporaban datos personales, diagnósticos, consultas y procedimientos, además de que se falsificaban las firmas de los afiliados.
Posteriormente, los documentos eran firmados y sellados y se les colocaba el código correspondiente al prestador de servicios de salud, con el propósito, según la acusación, de otorgar apariencia de legalidad a las reclamaciones.
Más de RD$40 millones
La acusación indica que las maniobras investigadas habrían generado operaciones que, hasta ese momento, ascendían a aproximadamente RD$40 millones, con el supuesto propósito de defraudar al Estado dominicano a través del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
El expediente señala que Senasa presentó una denuncia el 28 de noviembre de 2024, luego de recibir informaciones sobre presuntas irregularidades en las autorizaciones de procedimientos médicos y consultas de sus afiliados.
De acuerdo con el documento, las irregularidades se habrían producido entre enero de 2021 y septiembre de 2024, período durante el cual se habrían realizado llamadas al centro de atención de Senasa desde números vinculados a las maniobras investigadas.
Según la acusación, desde esos números se solicitaban autorizaciones para cirugías, consultas especializadas y otros procedimientos ambulatorios que posteriormente eran desconocidos por los afiliados a quienes supuestamente se les habían realizado.
División de funciones
El Ministerio Público describe una estructura con una supuesta división de roles.
En el expediente son mencionados, entre otros, los imputados Ángel Luis Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, además de otros exempleados que son objeto de investigación.
La acusación sostiene que empleados internos de Senasa habrían utilizado su acceso a las bases de datos para obtener información de los afiliados y posteriormente facilitarla a médicos involucrados en el supuesto esquema.
Según el documento, los médicos utilizaban esos datos para elaborar formularios de reclamaciones con diagnósticos y procedimientos que, conforme a la investigación, no habían sido solicitados ni realizados.
El expediente también menciona la utilización reiterada de nombres ficticios, entre ellos Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, para ocultar la identidad de quienes realizaban llamadas al centro de atención de Senasa.
El expediente incluye análisis financieros
Entre las evidencias presentadas por el Ministerio Público figuran análisis de movimientos bancarios atribuidos a algunos de los imputados.
En el caso de Angeury Guzmán Vásquez, la acusación establece que, conforme a los registros de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), entre 2020 y 2025 registró ingresos laborales por RD$4,389,381.06.
El Ministerio Público plantea que esos ingresos deben ser contrastados con los montos identificados en el análisis financiero del imputado.
Transferencias entre imputados
El documento también detalla transferencias bancarias entre personas señaladas en la investigación.
Según la acusación, desde la cuenta de Angeury Guzmán Vásquez se realizaron transferencias a favor de su hermano, Ángel Luis Guzmán Vásquez, por un monto total de RD$170,500.
26 imputados
La acusación presentada por el Ministerio Público involucra a 26 personas, entre ellas empleados o exempleados de Senasa y profesionales de la salud.
El órgano persecutor sostiene que los hechos investigados forman parte de una estructura organizada que habría utilizado información confidencial de afiliados, documentación médica y administrativa y mecanismos internos de Senasa para generar reclamaciones que, según la acusación, no correspondían a servicios efectivamente solicitados o realizados.
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