Ministerio Público concluye réplica y pide enviar a juicio de fondo el caso Calamar

El Ministerio Público concluyó este viernes su turno de réplica en la audiencia preliminar del caso Calamar, en la que solicitó al tribunal enviar a juicio de fondo a los imputados y mantener las medidas de coerción y administrativas adoptadas durante la investigación.

Durante su intervención, la fiscal Mirna Ortiz defendió la legalidad de las actuaciones del órgano acusador y rechazó los planteamientos de las defensas que cuestionan las medidas adoptadas en el proceso.

Ortiz explicó que las oposiciones a pagos y otras medidas precautorias dispuestas por el Ministerio Público fueron autorizadas judicialmente y se aplicaron con el objetivo de evitar que los fondos vinculados a los hechos investigados pudieran ser movilizados o desaparecidos.

“La ley de lavado de activos lo que hace es regular la forma y manera en que, en una investigación de este tipo, el Ministerio Público puede solicitar medidas, siempre con autorización judicial”, sostuvo.

La fiscal afirmó que estas decisiones no vulneran derechos fundamentales, ya que se trata de medidas cautelares y no de decisiones definitivas.

“Son medidas precautorias que se toman para evitar que las personas involucradas en hechos vinculados al lavado de activos puedan disponer de fondos que posteriormente pudieran ser objeto de decomiso”, indicó.

En ese sentido, rechazó los argumentos de inconstitucionalidad presentados por algunas defensas respecto a disposiciones de la legislación de lavado de activos.

También señaló que el tribunal no tiene competencia para ordenar el levantamiento de las oposiciones a pagos que cursan en el Ministerio de Hacienda, como solicitaron algunos querellantes.

Explicó que para adoptar una decisión de ese tipo sería necesario analizar en profundidad las pruebas presentadas por el Ministerio Público, lo cual corresponde a la fase de juicio de fondo.

Ortiz afirmó que el órgano acusador ha presentado documentación que demuestra que dichas oposiciones fueron autorizadas mediante decisiones judiciales, lo que a su juicio evidencia la legalidad del procedimiento.

Además, indicó que los pagos cuestionados por el Ministerio Público habrían sido realizados a partir de acreencias inexistentes, documentación falsa y otros mecanismos que, según la acusación, formaban parte de un esquema fraudulento contra el Estado dominicano.

La fiscal sostuvo que estos elementos están sustentados en las pruebas aportadas en el expediente acusatorio.

Tras concluir su réplica, el Ministerio Público solicitó formalmente al tribunal dictar auto de apertura a juicio contra los imputados, al considerar que las pruebas presentadas sustentan la acusación.

Asimismo, pidió rechazar los incidentes planteados por las defensas, mantener las oposiciones administrativas y ratificar las medidas de coerción impuestas a los imputados.

Según el órgano persecutor, dichas medidas han cumplido su objetivo y resultan necesarias para garantizar la continuidad del proceso judicial.

Al salir de la sala de audiencias el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, afirmó que las evidencias presentadas por el Ministerio Público son suficientes para que el tribunal envíe el proceso a juicio.

“Hemos solicitado al tribunal enviar el proceso a juicio y rechazar los incidentes que han presentado las defensas. No hay ninguna razón jurídica para que el tribunal los acoja”, manifestó.

Camacho sostuvo que las defensas se han limitado a presentar opiniones, mientras que el Ministerio Público ha expuesto hechos respaldados con pruebas.

“Las opiniones las puede tener cualquiera, pero los hechos son objetivos y verificables. Los tribunales no fallan en base a opiniones, fallan en base a hechos y pruebas”, expresó.

Entre los elementos señalados por el procurador adjunto mencionó una reunión celebrada en el Palacio Nacional en el año 2019, en la que según la acusación se habría ordenado buscar fondos vinculados al esquema investigado.

También se refirió a la existencia de un lugar denominado “La Casita”, ubicado en el sector Bella Vista, donde supuestamente se recibían recursos provenientes de ese entramado.

Asimismo, indicó que el empresario Bolívar Ventura habría reconocido en el proceso haber entregado más de 1,200 millones de pesos, lo que forma parte de los elementos probatorios presentados por el órgano acusador.

Camacho añadió que también existen testimonios de personas que participaron en la ejecución del denominado “programa” o “proyecto”, que según el Ministerio Público funcionaba como un sistema de distribución de sobornos vinculados al sector de juegos de azar.

“El tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario para verificar la necesidad de que este proceso sea enviado a juicio”, sostuvo.