El Ministerio Público arrestó este martes a Henry Arturo Almonte García, condenado a 10 años de prisión tras ser declarado culpable de cometer delitos de abuso sexual y psicológico contra una menor de edad.
El arresto fue ejecutado por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), encabezada por la fiscal Andry De Los Santos, en la intersección de la avenida John F. Kennedy con la calle Defilló, en el Distrito Nacional.
La detención se produjo en cumplimiento de la sentencia núm. SCJ-SS-26-1310, emitida por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que rechazó el recurso de casación interpuesto por el procesado contra la decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que ratificó su condena.
Con esta decisión quedó confirmada la sentencia núm. 502-01-2026-SSEN-00036, dictada el 24 de abril de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Dicha instancia ratificó el fallo del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que condenó a Almonte García a 10 años de prisión y al pago de las costas penales del proceso, tras declararlo culpable de los delitos cometidos contra la menor.
La condena se fundamentó en la violación de varios artículos del antiguo Código Penal dominicano y de la Ley núm. 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Indemnización de RD$ 3 millones
En el ámbito civil, el condenado también deberá pagar una indemnización de tres millones de pesos dominicanos en favor de una fundación que ofrece asistencia psicológica a la víctima.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia estuvo integrada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, Nancy I. Salcedo Fernández, María G. Garabito Ramírez y Yorlin L. Vásquez Castro.
El tribunal adoptó la decisión tras acoger la petición del Ministerio Público y rechazar el recurso presentado por la defensa del procesado.
En su sentencia, la Suprema Corte estableció que, contrario a lo alegado por el recurrente, la decisión impugnada contiene una exposición clara, coherente y ordenada de las cuestiones de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento al fallo.
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