El Ministerio Público aseguró este lunes que la defensa de los imputados Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán no ha logrado desmontar las pruebas que sustentan la acusación por presunta corrupción administrativa en su contra.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, afirmó que durante la audiencia preliminar las defensas no pudieron rebatir los elementos probatorios presentados por el órgano acusador.
“La realidad de la audiencia del día de hoy es que la defensa no ha podido, con ninguno de sus alegatos, destruir las pruebas de la acusación”, expresó Ortiz al ser abordada por la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La fiscal señaló que los abogados evitaron referirse a aspectos clave del expediente, como el presunto uso de documentos falsos para obtener contratos con el Estado, la supuesta manipulación del sistema de compras públicas y la utilización de empresas a nombre de terceros (prestanombres), cuyo beneficiario final habría sido Gómez Canaán.
Ortiz también indicó que la defensa no refutó las pruebas relacionadas con personas que han declarado ante el Ministerio Público, quienes aseguran no haber autorizado el uso de sus nombres para contrataciones estatales.
Evidentemente que la acusación sigue siendo tan fuerte como el primer día y que nos veremos en el juicio, subrayó.
El proceso es conocido por el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la jueza Yanibet Rivas, quien deberá decidir si envía el caso a juicio de fondo, como ha solicitado el Ministerio Público. La audiencia continuará el próximo 27 de marzo.
Además de Beras y Gómez Canaán, el expediente incluye a varios exfuncionarios y civiles, así como a múltiples empresas, entre ellas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S. e Inprosol S.R.L.
Acusación
Según la acusación, la red habría operado a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y otras instituciones, incurriendo en delitos como corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, falsificación, delitos tecnológicos y lavado de activos.
El Ministerio Público sostiene que el eje central del entramado es Gómez Canaán, quien presuntamente articuló un esquema empresarial para obtener contratos irregulares, desviar fondos públicos y controlar infraestructuras críticas del Estado.
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