El Ministerio Público depositó la acusación formal y solicitó apertura a juicio contra 14 personas físicas y jurídicas vinculadas a una presunta red criminal que habría distribuido más de RD$ 108 millones en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en distintas instituciones públicas.
La acusación fue presentada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el órgano persecutor pidió que el expediente y sus elementos de prueba sean admitidos en su totalidad y que se fije fecha para el conocimiento de la audiencia preliminar.
De acuerdo con el expediente, los sobornos identificados ascienden a RD$ 108,080,359.92 y habrían sido exigidos y recibidos por encargados de seguridad institucional y otros funcionarios acusados.
Entre los procesados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
También son acusados Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargados de seguridad de EdeNorte Dominicana; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El expediente incluye, además, a las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Rodríguez González, así como Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Investigación por contratos y pagos ilícitos
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con el apoyo de la Dirección General de Persecución, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según el Ministerio Público, las pesquisas identificaron una estructura dedicada a estafar al Estado mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos para favorecer a contratistas de servicios de seguridad privada.
La acusación establece que Senase habría pagado sobornos a funcionarios durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025. Los pagos ilícitos se habrían realizado mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo para asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa.
El órgano acusador sostiene que funcionarios responsables de supervisar los contratos recibían sobornos para mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los servicios sin objeciones ni una fiscalización efectiva.
De acuerdo con la acusación, el esquema provocó la subordinación del sistema de supervisión y recepción de los servicios contratados y permitió prácticas ilícitas dirigidas a beneficiar determinadas compañías de seguridad privada en perjuicio del interés público.
La Operación Lobo fue puesta en marcha en julio de 2025 y permitió el arresto de militares y civiles señalados como integrantes de la estructura. Los acusados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
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