Militares en servicio activo y retirados que resultaron beneficiados con viviendas otorgadas por el gobierno en 2027, ubicadas en los proyectos habitacionales Progado de la Caña (carretera Mella) y Colina del Arroyo (avenida Jacobo Macluta), han solicitado al presidente Luis Abinader la entrega formal de sus títulos de propiedad.
Destacan que la obtención de estos documentos resulta esencial para garantizar la protección legal y jurídica de sus bienes inmuebles.
De acuerdo con los reclamantes, en el año 2017 el Gobierno realizó la transferencia de 298 unidades habitacionales al Ministerio de Defensa, las cuales fueron adjudicadas de manera gratuita mediante un proceso de sorteo entre integrantes de las fuerzas armadas.
La asignación comprendió 203 casas y 68 apartamentos ubicados en el proyecto Prado de la Caña, en Santo Domingo Este, así como 27 apartamentos en el residencial Colinas del Arroyo, en Santo Domingo Norte.
Indicaron que han transcurrido ocho años desde la adjudicación de las viviendas, gestionadas a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), a los militares y asimilados beneficiados. Sin embargo, las autoridades competentes no han proporcionado respuesta respecto a la entrega de los títulos de propiedad.
Las viviendas y apartamentos fueron entregados durante la gestión del expresidente Danilo Medina, con el objetivo de beneficiar a oficiales subalternos, alistados y asimilados de las tres ramas militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), así como al personal del Ministerio de Defensa. Esta iniciativa formó parte de un proyecto orientado a mejorar la calidad de vida del personal castrense.
Alegan que únicamente disponen como respaldo una carta y el certificado emitido por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, los cuales acreditan su condición de beneficiarios de una vivienda obtenida a través del sorteo realizado el 4 de julio de 2017 en la sede del Ministerio de Defensa.
Los militares beneficiados informa
Para la adjudicación de las viviendas y apartamentos en los proyectos referidos, el Ministerio de Defensa considera que los oficiales, alistados y asimilados cuenten con una antigüedad superior a 10 años en sus respectivas instituciones y que no posean inmuebles de este tipo registrados a su nombre.
Finalmente, se solicita al ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Oofre, que intervenga ante el presidente Abinader para programar la entrega de títulos de propiedad en ambos proyectos. Esta acción pondría fin a la incertidumbre que experimentan los beneficiarios debido a intentos recurrentes de despojarlos de sus viviendas.
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