Magistrado Justiniano Montero resalta la ética judicial como base de la confianza ciudadana

El magistrado Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), afirmó que la ética judicial constituye un pilar esencial para fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad del sistema de administración de justicia, al fungir como un instrumento de prevención y guía del comportamiento de jueces, juezas y servidores judiciales.

Montero ofreció estas declaraciones al participar como expositor invitado en la conferencia virtual “Importancia de la Ética Judicial y el Rol de los Órganos de gobernanza del control de la ética en la Aplicación de los Códigos de Comportamiento Ético”, auspiciada por la Organización Internacional para la Formación Judicial (IOJT) y la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ).

Durante su intervención, el magistrado sostuvo que los códigos de comportamiento ético deben concebirse desde una visión preventiva, orientada a la educación y formación continua. “Es posible concebir un proyecto de educación ética como fórmula para continuar mejorando la administración de justicia”, expresó.

El evento fue moderado por Armando Andruet, director internacional de la Cátedra de Ética Judicial Manuel Ruiz Tejada, de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde Montero enfatizó que jueces y funcionarios judiciales son garantes directos de la credibilidad y la confianza pública en el Poder Judicial.

Asimismo, destacó que el Código de Ética del Poder Judicial dominicano ha superado los estándares de otros códigos existentes en diversas sociedades y naciones, al consolidarse como una referencia para el fortalecimiento institucional.

El magistrado insistió en que la función ética debe responder siempre a la visión de fomentar la confianza pública y la credibilidad en las instituciones, señalando que los actores del sistema de justicia deben tener claro que la ética pública, sustentada en principios y valores, debe ser el norte de su actuación.

Finalmente, resaltó el rol estratégico de los órganos responsables de aplicar y supervisar los códigos éticos, al cumplir no solo una función disciplinaria, sino también preventiva, orientadora y formativa, acompañando a jueces y servidores judiciales en la correcta interpretación de los principios éticos ante los desafíos del quehacer jurisdiccional.