Alexis Rafael Peña lleva 26 años coordinando organizaciones barriales en la zona norte de la capital. Desde María Auxiliadora hasta Capotillo, desde Guachupita hasta Los Guandules, conoce de memoria los nombres de los callejones, los clubes abandonados y las escuelas que funcionan en casas alquiladas. También conoce con precisión el silencio del Estado.
"Pensábamos que íbamos a tener despachos abiertos", dice Peña, coordinador de la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CodonBosco) al referirse a las actuales autoridades. "Con el PLD se crearon expectativas. Con el PRM también. Y no ha sido así", así su cronología de la desatención.
Las puertas que no abren
Cuando Peña intentó ejercer su derecho a la información, amparado en la Ley 200-04, para conocer cuántos viajes al exterior había realizado el presidente de la República y cuáles habían sido privados, fue al Palacio Nacional tres veces. Tres veces se fue con las manos vacías.
La primera, le dijeron que la carta debía ir dirigida al ministro administrativo de la presidencia, no al presidente. La segunda, que debía hacerlo de forma virtual. La tercera, que había una plataforma digital para eso. La carta nunca se depositó.
"Son como los chinos, que te reciben el dinero en efectivo, no digital", ironizó Peña. "Pero aquí no te reciben ni una carta". Las organizaciones de La Caleta, La Cuaba y Valiente, que reclaman derechos constitucionales, son recibidas —cuando tienen suerte— por un viceministro. A veces, directamente en recepción. A veces, no son recibidas.
Dijo que la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, visitó el barrio 27 de Febrero. Las organizaciones le entregaron un paquete de comunicaciones con sus demandas. Han pasado más de cuatro meses. No hubo respuesta.
Un mapa de necesidades ignoradas
Las comunidades que integran CodonBosco —27 de Febrero, Mejoramiento Social, Villa María, Caliche, Agua Dulce, Los Jardines, Guachupita, La Ciénaga, Gualey, Simón Bolívar, Capotillo, La Caleta, Las Cuevas, Los Alcarrizos— tienen agendas de desarrollo elaboradas hace 24 años con el apoyo del Centro Bonó y el Centro Montalvo. Cuatro barrios, cuatro documentos con prioridades definidas por las propias comunidades.
Esas agendas fueron enviadas a cada funcionario correspondiente. Lo que llegó al acto de presentación fue un asistente del entonces presidente Hipólito Mejía. Hoy, 24 años después, las prioridades siguen sin atenderse.
Así lo recuerdan las amas de casa representadas por Raquel de la Cruz y Nathacha Altagracia Guzmán, quienes coordinan la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo (Acadisando). Ambas viven en carne propia una cotidianidad que pesa, marcada por deudas en la educación, la salud, los cuidados. Un inventario infinito que revelan:
Educación: aulas que no alcanzan
- El barrio 27 de Febrero, con aproximadamente 90,000 habitantes, no tiene politécnico propio. Lleva más de 26 años solicitándolo.
- La única escuela del sector funciona en casas alquiladas.
- Para el año escolar 2026, el gobierno anunció apenas 15 aulas nuevas. "Es muy poco", admiten Raquel de la Cruz y Nathacha Altagracia Guzmán.
- Cientos de jóvenes quedan fuera del sistema escolar cada año por falta de cupos.
- Las escuelas no saben cómo abordar a adolescentes de 12 y 13 años con conductas disruptivas. Según estudios citados por Peña, esos jóvenes "no los comprende la sociedad, no los comprende la escuela, no los comprende el club, no los comprende la iglesia".
- En todo el Gran Santo Domingo, apenas se conoce una trabajadora social en una escuela: el Politécnico Santa Ana.
Salud: lejos, cara y sin seguimiento
- El hospital Luis Eduardo Aybar prometido por Danilo Medina con una inversión de 3,500 millones de pesos, terminó costando más de 20,000 millones y aún no opera a plena capacidad.
- La unidad de pie diabético del hospital Moscoso Puello funciona desbordada. Peña la visitó el día anterior a la entrevista: "Me dio pena la podredumbre, el olor. Tantas personas sufriendo de diabetes."
- No hay trabajadores sociales que visiten a los pacientes en sus hogares para dar seguimiento.
- En las zonas rurales, como Semana Santa en Yaguate, San Cristóbal, las mujeres deben caminar hasta dos horas para llegar a un centro de salud.
- El transporte caro y los caminos en mal estado hacen que la atención médica sea, en la práctica, un privilegio.
Seguridad: el miedo que reorganiza la vida cotidiana
- Las misas y los cultos evangélicos ya no se celebran de noche. La última misa en la parroquia María Auxiliadora es a las 6:15 de la tarde. "Si no, te atracan", explica Peña.
- Estudiantes universitarios son asaltados camino a clases: les quitan celulares, mochilas, hasta gorras.
- En lo que transcurre del 2026, 150 jóvenes murieron en intercambios de disparos en el Gran Santo Domingo. La mayoría tenía entre 18 y 30 años.
- Ningún funcionario camina por los barrios sin escolta. "Esa seguridad solo existe en los medios de comunicación", dice Peña.
Cultura y recreación: espacio sin atención
- El club de María Auxiliadora es el más grande de la Circunscripción 3, más grande que el Club Ameso. Está abandonado.
- CodonBosco propuso al Ministerio de Cultura abrir una casa de cultura en el barrio. Pusieron el espacio. Pidieron solo que el Estado nombrara los maestros. No hubo respuesta.
- El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, nunca recibió a los representantes de las organizaciones barriales, a pesar de múltiples comunicaciones.
Participación ciudadana: líderes cooptados
- Muchos presidentes de juntas de vecinos y clubes deportivos están vinculados al gobierno. Eso los silencia: no quieren criticar, no quieren dar la voz de alerta.
- En Villa Consuelo, un conversatorio organizado con un medio de comunicación para visibilizar los problemas del barrio fue cancelado por presión de líderes locales con vínculos oficialistas.
- "Hay barrios donde los líderes no quieren hablar", dice Peña. "Uno fue y dijo que todo estaba bien, que había luz, escuela y seguridad. Y no es así."
El campo también grita
A 40 kilómetros de la capital, en la comunidad de Semana Santa, Yaguate, las mujeres campesinas enfrentan una versión rural con problemas similares a los de Raquel de la Cruz y Nathacha Altagracia Guzmán. Las campesinas Katherine Cabrera y Benita Cordero precisan que el abandono tiene rostro de mujer y se manifiesta con la carencia de promotoras de salud y de trabajadores sociales. "Para poner una querella hay que ir a la provincia, pagar transporte. A veces eso significa elegir entre buscar justicia o que los hijos coman ese día", declararon .
El embarazo adolescente, precisa Cordero, "es la peor violencia contra las niñas" y adolescentes. Está ligado a la pobreza y a la ausencia de educación sexual, que sigue siendo tabú en las escuelas rurales. Es por esto que las también integrantes de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA) presentaron un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional en respaldo a la despenalización del aborto en las tres causales. "Vemos morir a mujeres y adolescentes por falta de políticas públicas", dice Cabrera.
Pero además, las mujeres campesinas sostienen la producción agrícola y el cuidado familiar, pero esa contribución no aparece en ninguna estadística oficial. Ni Raquel, ni Natacha, ni Katherine ni Benita conocen la política de cuidados que se discute en el Congreso Nacional.
El país que sale del hambre ("en los discursos")
El gobierno dominicano anunció recientemente que el país salió del mapa del hambre. La FAO lo avala. Las cifras de crecimiento económico son reales.
Pero en los callejones del 27 de Febrero, Peña pregunta a los chiriperos, a las señoras que venden café a las 4 de la mañana, a los colmadones: ¿cuántas veces come al día?
– "Una vez, y no bien comido", es la respuesta que recibe.
Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en los barrios también lo sienten: los organismos internacionales ya no aprueban proyectos de lucha contra la pobreza porque, oficialmente, el problema está resuelto. Varias ONG han cerrado. Otras han migrado a temas de medio ambiente o democracia, "los únicos que aún consiguen financiamiento", precisa Alexis Peña.
"Para fortalecer las organizaciones de la sociedad civil no hay proyectos", dice Peña. "Hay mucha desarticulación".
Lo que piden (y llevan décadas pidiendo)
Las organizaciones barriales no llegan con las manos vacías. Tienen agendas escritas, prioridades definidas, espacios identificados, propuestas concretas. Los derechos que reivindican son:
- Que los funcionarios los reciban, no para inaugurar, sino para escuchar.
- Un politécnico para el barrio 27 de Febrero, con terreno ya identificado.
- Trabajadores sociales en las escuelas y en los hospitales.
- Rehabilitación del club de María Auxiliadora y apertura de casas de cultura barriales.
- Participación real de las comunidades en las políticas de seguridad.
- Acceso efectivo a la salud en zonas rurales, con caminos, transporte y personal.
- Educación sexual integral en escuelas rurales y urbanas.
- Reconocimiento del trabajo de cuidado de las mujeres campesinas en las políticas públicas.
"Nosotros hemos aprendido a priorizar", dice Peña. "Nos gustaría que nos sentemos y digan: este año podemos hacer esto. Pero ni eso".
El diálogo que no llega
El sacerdote jesuita Jorge Cela, ya fallecido, enseñó a varias generaciones de líderes barriales que escuchar es fundamental para la toma de decisiones. Esa lección vive en las organizaciones. No parece haber llegado a los despachos.
Mientras tanto, los barrios siguen organizándose, escribiendo cartas, armando agendas, proponiendo espacios. Y esperando que alguien, del otro lado, abra la puerta.
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