La justicia dominicana aplaza el caso más doloroso de la vida nocturna dominicana

El juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió aplazar para el lunes 16 de marzo de 2026 la audiencia preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, tragedia que dejó 236 muertos y más de 100 heridos el pasado 8 de abril de 2025.

Las audiencias se celebrarán cada lunes, en un proceso que promete ser largo y complejo. El tribunal otorgó un plazo de 10 días al Ministerio Público para notificar a todas las partes, mientras que fijó para el 30 de enero la audiencia destinada a conocer las solicitudes de la defensa.

La defensa de los hermanos Espaillat pidió autorización para realizar un peritaje independiente sobre la estructura del centro nocturno, intentando contrarrestar los hallazgos del Ministerio Público. Este último los acusa de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

El aplazamiento fue solicitado por las barras de la defensa, alegando que el tribunal no había notificado formalmente la acusación, la cual se sustenta en cientos de pruebas documentales y periciales que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

La investigación fue ordenada directamente por la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien comisionó al Director General de Persecución y a la Fiscal del Distrito Nacional. El informe técnico, elaborado por los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera (sismorresistente), Eduardo A. Fierro (BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (patólogo estructural), documenta las causas del desplome y apunta a negligencias graves en la operación del local.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Miguel Collado y el fiscalizador Enmanuel Ramírez Sánchez, en un caso que no solo busca justicia para las víctimas, sino que también pone en evidencia la fragilidad institucional en la supervisión de espacios públicos y la responsabilidad empresarial frente a la vida humana.