La Cámara de Cuentas detectó irregularidades en la gestión de recursos públicos durante una auditoría al Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata correspondiente a los períodos 2014-2020, identificando anomalías que podrían generar responsabilidades legales para las administraciones fiscalizadas.
Las anomalías financieras fueron registradas en el informe definitivo recientemente presentado por el Pleno del órgano fiscalizador, el cual evaluó la gestión municipal de Walter Rafael Musa Meyreles (2006-2020). En dicho proceso, se identificaron 34 irregularidades financieras y administrativas que impactaron los ejercicios presupuestarios del período auditado, según lo indica el documento.
El órgano superior señala que la distribución de ingresos y la ejecución de gastos no coincidieron con los porcentajes estipulados por ley, acumulando RD$ 229,989,145. Asimismo, se identificaron ingresos y desembolsos sin documentación de soporte por un monto de RD$ 1,108,316,713 (ingresos) y RD$ 1,172,597,029 (gastos). Esto contraviene las leyes y disposiciones vigentes que regulan el gasto oficial.
Las irregularidades identificadas incluyen la realización de pagos sin documentos de respaldo por un monto de RD$ 416,973,227, lo que evidencia deficiencias en los controles para la aprobación de desembolsos. Asimismo, se observaron pagos y contrataciones de bienes y servicios sin evidencia de procesos de selección, ascendentes a RD$ 406,798,050.
Se identificaron discrepancias significativas entre los ingresos reportados en el estado de ejecución presupuestaria y aquellos consignados en los informes mensuales, por un monto de RD$ 43,971,567. Esta situación podría ser consecuencia de errores en la consolidación de datos o de omisiones ocurridas durante el proceso contable.
Asimismo, los pagos efectuados a la Tesorería de la Seguridad Social fueron registrados en una cantidad inferior a la deducida al personal, presentando una diferencia de RD$ 4,634,193, lo que podría constituir un posible incumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
Además, se detectaron pagos a la Tesorería de la Seguridad Social que exceden las cantidades descontadas al personal, lo que produjo una diferencia de RD$ 224,560. Esta situación revela que existen inconsistencias en el cálculo de las retenciones.
El informe señala que se realizaron retenciones de la Tesorería de la Seguridad Social que no fueron correctamente aplicadas, lo cual afectó a los empleados por un monto de RD$ 858,748 y al empleador por la suma de RD$ 1,231,941.
Se registraron acuerdos transaccionales por desistimiento de acción y descargo, acumulando RD$ 862,398, cuya documentación soporte debe ser revisada para garantizar la legalidad de los pagos, dice la CCRD.
En el ámbito de recursos humanos, se identificó que autoridades municipales realizaron pagos a empleados que, al mismo tiempo, figuraban en las nóminas de otras entidades estatales, por un monto total de RD$ 2,294,100. Asimismo, se detectaron pagos en exceso y sin justificación correspondiente para el sueldo número 13, ascendentes a RD$ 463,302, lo que evidencia la necesidad de revisar las políticas internas de compensación, según la auditoría.
De acuerdo con al documento del órgano, se detectaron pagos hechos desde la cuenta de alquiler con facturas correspondientes a años anteriores, sumando un total de RD$ 5,961,21. Además, se efectuó un reembolso a nombre de un particular por RD$ 483,542, sin evidencia de documentación justificativa.
En el informe pericial se identifican pagos duplicados por un monto de RD$ 92,040, lo cual señala deficiencias en los controles internos. Asimismo, se realizaron desembolsos por RD$ 4,230,000 a un empleado sin la debida justificación ni documentación de respaldo.
Durante la auditoría se identificó, como una de las irregularidades, la omisión en la aplicación de las retenciones del impuesto sobre la renta a empleados fijos por un monto de RD$ 780,424. Adicionalmente, se detectaron retenciones no registradas como gasto por un total de RD$ 727,634.
Según la investigación, la omisión en la aplicación de las retenciones correspondientes al impuesto sobre la renta (RD$ 3,964,875) y al ITBIS (RD$ 197,642) a proveedores del ayuntamiento. Esto evidencia incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la entidad.
Durante la fiscalización realizada a la entidad municipal, se observaron diferencias entre los saldos de ejecución presupuestaria y el movimiento de pagos reportados, totalizando RD$ 2,915,302. También se encontraron discrepancias entre los registros contables y los comprobantes de gastos por RD$ 610,923, lo que indica la necesidad de revisar la documentación de respaldo.
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