La jueza emérita del Tribunal Constitucional Katia Miguelina Jiménez Martínez y la ex primera sustituta de la presidencia de la Junta Central Electoral (JCE), Vanahi Bello Dotel, depositaron ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma integral al Código Penal de la República Dominicana, enfocada en la violencia doméstica o intrafamiliar, la violencia de género contra la mujer y la violencia vicaria.

La iniciativa fue recibida por la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados y remitida al presidente de ese órgano legislativo, Alfredo Pacheco Osoria.

Las juristas buscan corregir lo que califican como una «involución normativa» introducida por el artículo 127 del Código Penal vigente, que sustituyó el concepto de «género» por «sexo» y eliminó a la mujer como sujeto pasivo específico del delito de violencia de género.

Asimismo, la propuesta identifica vacíos en el artículo 124, entre ellos la falta de una definición legal de violencia física, pese a que esta conducta es sancionada por la propia norma.

También cuestiona una excepción de responsabilidad penal vinculada a la disciplina de niños, niñas y adolescentes que, de acuerdo con las proponentes, resulta incompatible con el artículo 56 de la Constitución dominicana.

Entre las principales modificaciones planteadas figuran la incorporación de definiciones legales de género, violencia de género contra la mujer, violencia vicaria y violencia digital, así como la tipificación autónoma de la violencia vicaria y la derogación del párrafo IV del artículo 124.

Jiménez Martínez y Bello Dotel fundamentan la iniciativa en la Constitución de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En ese sentido, sostienen que la propuesta representa una corrección técnica dirigida a fortalecer la constitucionalidad y la convencionalidad del Código Penal y no una iniciativa de carácter ideológico.

La propuesta fue depositada durante la actual legislatura, cuyo período ordinario concluye el 26 de julio de 2026.

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