La justicia de La Romana aprobó la venta anticipada de bienes incautados a la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Guepardo.
La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción, acogió la solicitud del Ministerio Público para disponer de los inmuebles vinculados a Novasco Real Estate SRL.
Los recursos obtenidos serán depositados en una cuenta estatal para su uso exclusivo en el resarcimiento de las víctimas, una vez un tribunal, ordene el decomiso definitivo.
Los bienes pertenecen a la empresa representada por Loany Lismeiry Ortiz Nova, Yves Alexandre Giroux y Marisol Nova Nolasco, señalados como cabecillas de la estructura.
Ortiz Nova permanece detenida en Bogotá mientras enfrenta un proceso de extradición solicitado por las autoridades dominicanas.
Giroux y Nova Nolasco cumplen 18 meses de prisión preventiva, ratificados el mes pasado por la justicia.
La decisión fue respaldada por los fiscales Claudio Cordero y Manuel Castro, de la Procuraduría Antilavado, junto a la fiscal Mayerling Rondón, de La Romana.
Los inmuebles incluyen áreas donde se presentaban proyectos ficticios como Romana Victoriana Residences, equipados con mezcladoras, maquinarias y materiales de construcción para simular obras en ejecución.
La venta anticipada se ampara en el artículo 69 de la Ley 60-23 sobre administración de bienes incautados, que dispone la preservación de activos susceptibles de deterioro.
Además de los cabecillas, fueron arrestados la contable Loana Paola Guerrero Milián, el abogado Javier Gustavo Ulloa Bueno y las masters brokers Astrid Rydelis Bello y Samayra del Rosario Barreto.
A estos cuatro implicados también se les impuso prisión preventiva por un año en recintos de La Altagracia y Higüey.
La investigación ha establecido que la red captó US$ 18,851,583.12 mediante la venta de proyectos inmobiliarios inexistentes.
Los compradores provenían de República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, atraídos a través de la marca RE/MAX.
Durante las pesquisas fueron incautados bienes en Santo Domingo Este, Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, incluyendo vehículos de alta gama y aparatos electrónicos.
El Ministerio Público acusa a los imputados por violación a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal, la Ley 53-07 sobre Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el lavado de activos.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}