Jueza aplaza audiencia preliminar del caso Camaleón en el Intrant por ausencia médica de imputado

La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó la audiencia preliminar contra los implicados en el presunto fraude y corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), correspondiente al denominado caso Camaleón.

La decisión fue tomada luego de que la defensa del imputado Mariano Gustini informara sobre una situación de salud que le impidió comparecer. Su abogado, Mario Aguilera, presentó ante el tribunal certificaciones médicas para justificar la ausencia.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que dicha documentación fuera evaluada por un médico distinto, a fin de verificar su validez. Sin embargo, la magistrada consideró suficientes los documentos presentados.

“Estas certificaciones y la licencia tienen sello, tienen un número de médico, están timbradas y contienen el nombre del paciente, la condición que padece y la evaluación realizada. Con lo que ha sido depositado, el tribunal considera justificada su incomparecencia”, expresó la jueza Rivas.

En ese sentido, el tribunal acogió el pedimento de la defensa y fijó como nueva fecha para la continuación de la audiencia el próximo lunes, a las 9:00 de la mañana.

El proceso judicial se encuentra en fase de audiencia preliminar. La semana pasada, el Ministerio Público inició la lectura de la acusación, en la que la fiscal Mirna Ortiz indicó que se trata de un presunto esquema de corrupción que habría operado desde el Intrant.

Según el órgano acusador, en la supuesta red estarían implicados el exdirector del Intrant, Hugo Beras; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), entre otros.

Ortiz sostuvo que el Ministerio Público ha presentado evidencias concretas en este caso, también conocido como Transcore Latam, el cual investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, específicamente en el sistema de semaforización de la institución.

El caso salió a la luz pública en 2023, tras detectarse presuntas anomalías en dicho proceso de contratación, lo que dio inicio a una investigación que hoy se ventila en los tribunales.