El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, otorgó este jueves una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar la acusación contra los imputados en el denominado caso Senasa.
La decisión fue adoptada durante el conocimiento de la solicitud de extensión del plazo de investigación presentada por el órgano acusador contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros imputados.
Al motivar su decisión, el magistrado explicó que el tribunal estaba apoderado de una solicitud de prórroga dentro de la fase preparatoria del proceso y recordó que el Código Procesal Penal permite, por una única ocasión, extender el plazo de investigación cuando se cumplen las condiciones establecidas en la normativa.
El juez señaló que el proceso se judicializó el 11 de diciembre de 2025, cuando fueron impuestas las medidas de coerción y se declaró la complejidad del caso.
Indicó que, debido a esa declaratoria de complejidad, el plazo del procedimiento preparatorio fue extendido conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal, por lo que vencía el 11 de agosto de este año, fecha en la que el Ministerio Público presentó formalmente la solicitud de prórroga.
Peguero consideró que, debido a la magnitud de la investigación y a la documentación aportada por el órgano acusador, procedía conceder el tiempo solicitado para continuar con las diligencias pendientes.
Durante la audiencia, la fiscal Rosa Alba García explicó que una de las líneas de investigación se concentra en centros de servicios de salud que presuntamente incrementaron de manera irregular sus facturaciones durante la gestión de Santiago Hazim al frente del Senasa.
Según expuso la representante del Ministerio Público, la investigación enfrentó dificultades debido a que la custodia y el almacenamiento de documentos relacionados con las facturaciones de esos centros habían sido delegados a una empresa privada.
La fiscal indicó que la empresa se negó a entregar la documentación requerida, situación que obligó al Ministerio Público a solicitar órdenes judiciales, incluida una de allanamiento, como parte de las diligencias investigativas.
Defensas piden variar medidas de coerción
Durante la audiencia, abogados de varios imputados solicitaron que, en caso de concederse la prórroga al Ministerio Público, fueran revisadas y variadas las medidas de coerción impuestas a sus representados.
Ivanna Rodríguez, defensora de Rafael Luis Martínez Hazim, cuestionó que el Ministerio Público solicitara una extensión del plazo de investigación sin, según afirmó, justificar la necesidad de mantener la prisión preventiva contra algunos de los imputados.
La abogada sostuvo que el órgano acusador debía demostrar ante el tribunal las razones por las cuales Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speker Mateo debían continuar en prisión preventiva.
De igual manera, argumentó que, hasta el momento, el Ministerio Público no habría presentado elementos probatorios suficientes que vincularan directamente a sus representados con los hechos investigados.
Martínez Hazim y Ramón Alan Speker Mateo solicitaron al tribunal la variación de sus medidas de coerción.
También intervino el abogado Jaime Terrero, defensor de Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Servicios de Salud del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Los imputados
En el expediente figuran como imputados el exdirector del Senasa, Santiago Hazim; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Ada Ledesma; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, entre otros.
Algunos de los imputados cumplen medidas de coerción bajo arresto domiciliario.
El Ministerio Público acusa al grupo de presuntamente defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que, según investigaciones posteriores, habría superado los 19,000 millones de pesos.
De acuerdo con el órgano acusador, la supuesta estructura habría operado entre 2020 y 2025 y habría afectado el sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen, de manera provisional, los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.
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