Tras la lectura de la proclama que marcó la jornada de protesta de este jueves 21 de mayo, el juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y quien lleva la audiencia preliminar del Caso Jet Set, hizo un llamado directo al Consejo del Poder Judicial (CPJ) a sentarse a conversar con los representantes del gremio. "Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Creemos en el diálogo y hemos agotado todas las vías", afirmó el magistrado ante los periodistas congregados frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Mejía subrayó que las asociaciones de jueces han recorrido todos los canales institucionales disponibles para presentar sus reclamos, y lamentó que hasta ahora no se haya instalado una mesa de negociación formal con las autoridades del sistema judicial. "Nosotros nacimos y crecimos en esta institución, esta institución nos duele", expresó, en un tono que combinó la firmeza del reclamo con el apego a la institución que representan.
Servicios de urgencia, sin interrupción
El magistrado aclaró que la jornada de paro no implicó el abandono total del servicio a la ciudadanía. Los servicios de atención permanente —incluyendo el conocimiento de medidas urgentes y la tramitación de órdenes de arresto— continuaron funcionando con normalidad. Lo que se suspendió fueron las audiencias ordinarias programadas para la fecha, cuyo número varía de un tribunal a otro en función de la agenda particular de cada sala.
Un conflicto que viene de lejos
El paro de este jueves es el punto de mayor tensión de un conflicto que se arrastra desde hace años. La presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), magistrada Isis Muñiz, había advertido que el gremio lleva reclamando reivindicaciones desde 2022 sin recibir una propuesta concreta del Poder Judicial. La dirigente también denunció públicamente irregularidades internas y "operaciones millonarias sin transparentar", incluyendo gastos en boletos aéreos en primera clase por más de RD$400,000 y el pago de seguros internacionales a hijos mayores de edad de jueces de la Suprema Corte, mientras los magistrados de instancias inferiores carecen de coberturas básicas.
El llamado a paro fue confirmado por Dante Ozuna, presidente de la Asociación de Jueces de Paz, quien señaló que no hubo avances concretos en las conversaciones con las autoridades judiciales para evitar la paralización. La situación obligó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, a convocar una reunión urgente del CPJ el pasado 19 de mayo, aunque los resultados no fueron suficientes para desactivar la protesta.
Entre las cifras más reveladoras del conflicto figura la existencia de más de 575 plazas vacantes en el Poder Judicial que no han sido cubiertas, lo que obliga a los servidores judiciales a asumir funciones adicionales y a los jueces a cargar con una acumulación creciente de expedientes.
"Esta institución nos duele"
A pesar de la contundencia del reclamo, Mejía insistió en que el movimiento no busca dañar al Poder Judicial ni a los ciudadanos que dependen de él. Reconoció las limitaciones económicas del país, pero sostuvo que eso no puede ser excusa para postergar indefinidamente las mejoras que el sistema necesita.
La jornada se desarrolló de forma pacífica y simultánea en distintas jurisdicciones del país. En cada punto de concentración, los participantes reiteraron su disposición al diálogo y exigieron que el CPJ responda con una propuesta concreta que aborde las carencias estructurales denunciadas: bajos salarios, sobrecarga laboral, deterioro de infraestructura e insuficiente seguridad en los palacios de justicia.
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