El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso medidas de coerción a 24 de los 26 imputados en el caso SeNaSa 2.0-A, mientras que dos quedaron sin ningún tipo de medida.
La decisión, adoptada la noche de este domingo, contempla prisión preventiva para siete imputados, arresto domiciliario para nueve y medidas menos gravosas para otros seis, de acuerdo con los reportes sobre el fallo.
Con esto, el tribunal no acogió de manera general la solicitud inicial del Ministerio Público, que había pedido 18 meses de prisión preventiva para los 26 imputados y que el proceso fuera declarado de tramitación compleja. Posteriormente, la Fiscalía modificó su petición para nueve de los procesados y solicitó arresto domiciliario, alegando que habían admitido los hechos, mostrado arrepentimiento y colaborado con la investigación.
El Ministerio Público había informado durante las audiencias que 13 de los 26 imputados admitieron los hechos que les atribuye, aunque la solicitud de arresto domiciliario fue planteada para nueve de ellos. La Fiscalía explicó que tomó en cuenta esa colaboración al modificar la medida solicitada inicialmente.
Los seis imputados a quienes se impusieron medidas menos gravosas deberán cumplir, según los reportes del fallo, garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
La resolución deja así a siete de los procesados bajo prisión preventiva, nueve en sus domicilios y otros seis sometidos a restricciones que no implican privación de libertad. Los dos restantes fueron dejados en libertad sin medidas de coerción.
Un expediente con cientos de pruebas
El caso corresponde a la Operación Cobra 2.0-A, segunda etapa de la investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Durante la audiencia, el órgano acusador presentó sus argumentos para sustentar las medidas solicitadas y afirmó que contaba con cientos de elementos de prueba. En una de las exposiciones previas, la procuradora de corte Mirna Ortiz informó que el expediente incluía 483 elementos probatorios, entre documentos, pruebas materiales, documentos procesales y peritajes. Posteriormente, Wilson Camacho habló de 706 medios de prueba durante la fase final de la audiencia.
El Ministerio Público vincula a los imputados con un supuesto esquema de corrupción relacionado con el manejo de recursos y servicios de SeNaSa, y les atribuye distintos delitos, entre ellos coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos. Estas son imputaciones del órgano acusador que deberán ser determinadas en el proceso judicial.
La Operación Cobra 2.0-A forma parte de una investigación iniciada con la primera Operación Cobra, en la que fueron procesados, entre otros, el exdirector ejecutivo de SeNaSa Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros nueve imputados.
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