Jean Alain Rodríguez Sánchez mantiene dos frentes judiciales de naturaleza distinta. El principal es el proceso penal por presunta corrupción administrativa conocido públicamente como caso Medusa, cuyo juicio todavía no ha entrado plenamente en el debate de las pruebas.
El segundo se originó en el conflicto con el periodista Marino Zapete. En este expediente civil, la jurisdicción ordinaria dejó firme una condena de RD$2 millones por daños morales, más un interés judicial de 1.5 % mensual, pero la defensa del exprocurador anunció que solicitará al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión y posterior anulación de la decisión.
Quién es Jean Alain Rodríguez
Jean Alain Rodríguez Sánchez, nacido en Santo Domingo el 10 de mayo de 1975, es abogado, dirigente político y exfuncionario de los gobiernos de Danilo Medina.
Entre 2012 y 2016 dirigió el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD). En agosto de 2016 fue designado procurador general de la República, cargo que ocupó hasta el cambio de gobierno en agosto de 2020.
Durante su gestión encabezó procesos de alto interés público, entre ellos la investigación dominicana sobre los sobornos de Odebrecht, impulsó el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y promovió varias reformas administrativas dentro del Ministerio Público.
Después de dejar el cargo, pasó de dirigir la persecución penal a convertirse en el principal acusado de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos sometidos por el Ministerio Público.
Caso Medusa: el proceso penal que sigue abierto
El Ministerio Público atribuye a Rodríguez haber dirigido una estructura que habría operado dentro de la Procuraduría General de la República entre 2016 y 2020.
La acusación sostiene que la estructura habría utilizado procesos de contratación, obras penitenciarias, pagos a proveedores, sobornos y otras operaciones para sustraer y manejar irregularmente más de RD$ 6,000 millones.
Entre los ilícitos atribuidos por el órgano acusador figuran asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsedad en escritura pública, uso de documentos falsos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otros.
Estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el juicio. Rodríguez ha rechazado los cargos y sostiene que el expediente constituye una persecución política en su contra.
La acusación depositada por el Ministerio Público en julio de 2022 tiene 12,274 páginas, más de 3,500 elementos probatorios y 34 líneas de imputación, según los fiscales. El proceso alcanzó inicialmente a 41 personas y 22 empresas, aunque una parte de los acusados llegó a acuerdos y otros expedientes fueron separados.
Cinco años de audiencias y todavía sin sentencia
Rodríguez fue arrestado el 29 de junio de 2021, días después de que las autoridades le impidieran abordar un vuelo hacia Estados Unidos. En julio de ese año le fueron impuestos 18 meses de prisión preventiva.
Permaneció recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres hasta enero de 2023, cuando la prisión preventiva fue sustituida por arresto domiciliario, colocación de localizador electrónico, garantía económica de RD$30 millones e impedimento de salida del país.
El 1 de mayo de 2025, el tribunal eliminó el arresto domiciliario y el grillete electrónico, pero mantuvo la garantía económica y el impedimento de salida.
La audiencia preliminar comenzó en agosto de 2022 y necesitó aproximadamente 95 audiencias. Solo la lectura completa de la acusación ocupó cerca de seis meses y concluyó en diciembre de 2023.
El 28 de junio de 2024, el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio contra Rodríguez y otros acusados.
La primera audiencia del juicio de fondo fue convocada para el 23 de septiembre de 2024. Sin embargo, el proceso continuó marcado por ausencias, cambios de abogados, recusaciones, solicitudes de nulidad, peticiones de separación de expedientes y otros incidentes.
En febrero de 2025, la Corte de Apelación acogió una recusación contra el tribunal inicialmente apoderado y el expediente pasó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
El debate sobre la extinción
Uno de los principales puntos de conflicto ha sido la duración del proceso. La defensa de Rodríguez pidió declarar extinguida la acción penal, bajo el argumento de que el expediente había superado el plazo máximo establecido por la legislación procesal.
El 17 de agosto de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado rechazó la solicitud. Las juezas reconocieron que el proceso excedió los distintos plazos legales que han estado vigentes, pero establecieron que la duración no podía medirse únicamente mediante un cálculo de años, meses y días.
El tribunal tomó en consideración la complejidad del expediente, la cantidad de imputados, los recursos interpuestos, las recusaciones, los cambios de defensa y los aplazamientos motivados por condiciones de salud y fallecimientos de familiares.
La defensa anunció que apelará esa decisión. Entretanto, otras solicitudes de extinción presentadas por doce acusados permanecen pendientes de decisión, fijada para el 21 de septiembre.
Estatus actual de Medusa
El proceso penal sigue abierto y se encuentra formalmente en la etapa de juicio de fondo, aunque todavía permanece concentrado en incidentes previos al debate de las pruebas.
Rodríguez no tiene una condena penal por este caso. Conserva la presunción de inocencia hasta que se produzca una sentencia definitiva.
Las medidas vigentes incluyen la garantía económica de RD$30 millones y el impedimento de salida del país, aunque en abril de 2026 recibió una autorización temporal para viajar.
El origen del conflicto con Marino Zapete
El segundo frente judicial comenzó con una investigación presentada por Marino Zapete el 25 de septiembre de 2019 en su programa “El Jarabe de Zapete”, transmitido por Teleradio América.
Zapete informó sobre contratos suscritos entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y Grupo Asimra, SRL, para el suministro de cemento asfáltico AC-30. Dos de los contratos habían sido firmados en 2017 por Maybeth Rodríguez Sánchez, hermana del entonces procurador, en representación de la empresa.
Maybeth Rodríguez negó haber sido suplidora del Estado y presentó una acusación penal privada por difamación e injuria contra el periodista. Posteriormente desistió de la acción y el proceso penal quedó extinguido en septiembre de 2020.
Ese expediente está cerrado y no debe incluirse entre los procesos todavía abiertos contra Jean Alain Rodríguez.
La demanda civil de Zapete
En noviembre de 2020, Zapete demandó civilmente a Jean Alain y Maybeth Rodríguez. Reclamó RD$15 millones por daños y perjuicios y alegó que las actuaciones de ambos afectaron su trabajo, sus ingresos y su reputación.
El periodista sostuvo que el entonces procurador intervino para que su programa fuera retirado de Teleradio América después de la difusión de la investigación.
La demanda fue rechazada inicialmente, pero la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional revocó esa decisión mediante la sentencia número 1303-2024-SSEN-00306, dictada el 26 de agosto de 2024.
La corte condenó a Rodríguez a pagar RD$2 millones por daños morales, más un interés judicial de 1.5 % mensual desde la notificación de la sentencia hasta su ejecución total.
El tribunal rechazó la demanda contra Maybeth Rodríguez y determinó que Zapete no había demostrado los daños materiales reclamados.
La Suprema no examinó el fondo
Rodríguez recurrió la condena ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, pero el recurso fue declarado inadmisible mediante la sentencia SCJ-PS-26-1757, del 31 de agosto de 2026.
La Suprema Corte no decidió si Rodríguez intervino o no en la salida de Zapete del canal. Su decisión se limitó a establecer que el recurso no acreditó el interés casacional exigido por la Ley 2-23.
Al quedar inadmisible la casación, la condena impuesta por la Corte de Apelación permanece vigente.
Estatus actual del caso Zapete
La jurisdicción ordinaria concluyó y la sentencia puede ser ejecutada. La defensa de Rodríguez anunció que acudirá al Tribunal Constitucional para solicitar dos cosas: la suspensión de la ejecución y la anulación de la decisión.
Los abogados sostienen que la Corte de Apelación no valoró una certificación de Teleradio América, fechada el 12 de octubre de 2021, según la cual la salida de Zapete respondió a una decisión interna del canal.
También cuestionan la valoración de un acto notarial del empresario Marcial Najri Cesani, en el que se relata una conversación con Rodríguez sobre una posible retractación del periodista.
Qué puede hacer el Tribunal Constitucional
La llegada del expediente al Tribunal Constitucional no representa una nueva apelación ordinaria ni convierte al TC en una cuarta instancia.
La defensa deberá presentar un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y demostrar que durante el proceso se produjo una vulneración de derechos fundamentales directamente atribuible a los tribunales.
El recurso debe depositarse dentro de los 30 días posteriores a la notificación de la sentencia impugnada. Su presentación no suspende automáticamente la condena. Para detener temporalmente su ejecución, la defensa debe formular una solicitud de suspensión debidamente motivada y esperar que el TC la acoja.
El Tribunal Constitucional puede declarar inadmisible el recurso, rechazarlo o, si comprueba una vulneración constitucional, anular la sentencia y disponer que el caso sea nuevamente examinado bajo los criterios establecidos en su decisión.
El TC no está llamado a volver a ponderar todas las pruebas ni a decidir directamente cuánto debe pagarse por los daños. Su examen debe concentrarse en la posible afectación de derechos fundamentales y en el cumplimiento del debido proceso.
Hasta el anuncio de la defensa no se había informado del depósito formal del recurso. Por tanto, todavía no puede afirmarse que exista un expediente abierto ante el Tribunal Constitucional.
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