Instituto Duartiano anuncia acciones legales por uso inadecuado de la bandera nacional en un sepelio

El Instituto Duartiano informó que iniciará acciones legales ante las autoridades judiciales y policiales de San Francisco de Macorís por el uso de la bandera nacional para cubrir el ataúd de Luis Miguel Martínez Agramonte durante sus honras fúnebres.

El presidente de la entidad, Wilson Gómez Ramírez, indicó que el hecho constituye un ultraje a uno de los símbolos patrios y anunció que presentará formalmente el caso ante la procuradora fiscal de esa jurisdicción, Smaily Yamel Rodríguez, así como ante el comandante del departamento Noreste de la Policía Nacional, Dionisio Natera Melenciano.

Según explicó, tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional deberán investigar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Gómez Ramírez afirmó que Martínez Agramonte no reunía las condiciones contempladas en la Ley 210-19 sobre el uso de los símbolos patrios para recibir un homenaje póstumo con la bandera nacional. También cuestionó la actuación de los agentes policiales presentes en el sepelio, al considerar que no intervinieron pese a tratarse, según su interpretación, de una infracción en flagrante delito.

El dirigente señaló que espera una actuación rápida de las autoridades y la aplicación de las sanciones previstas en la legislación vigente contra quienes resulten responsables.

Recordó que el artículo 19 de la Ley 210-19 establece que el uso de la bandera nacional sobre un féretro está reservado para personas que hayan desempeñado funciones públicas relevantes o que se hayan distinguido en ámbitos como las artes, la educación, la milicia, el deporte, la cultura o el patriotismo, manteniendo una conducta considerada meritoria.

Asimismo, indicó que el artículo 25 de la normativa tipifica como delito cubrir con la bandera nacional el féretro de una persona que no cumpla con esos requisitos. Agregó que el artículo 38 contempla penas de uno a tres meses de prisión y multas de entre cinco y veinte salarios mínimos del sector público para quienes incurran en esa violación.

El presidente del Instituto Duartiano informó además que instruyó a Héctor Castellanos, presidente del Centro Duartiano de San Francisco de Macorís, a depositar las instancias correspondientes y dar seguimiento al proceso judicial junto a un equipo de abogados.