La titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, consideró que la sociedad dominicana está pendiente de las imputaciones penales “graves y serias” que pesan sobre Jean Alain Rodríguez Sánchez, más que del nombre Medusa que se le dió al caso judicialmente, u otros apellidados con sobrenombres de fauna marina cuando aluden al desvío de dinero de las arcas estatales.

“Nos preguntamos si ellos (los procesados por corrupción) tuvieron esa misma sensibilidad cuando se robaron el patrimonio público”, dijo la procuradora de corte al responder a los periodistas que le preguntaron sobre la decisión del Tribunal Constitucional de vetar tales motes.

Mirna Ortiz lamentó que esté "en tela de juicio la denominación que aplique el Ministerio Público a un determinado caso de corrupción, cuando (lo verdaderamente importante es que) deberíamos estar pendientes de las imputaciones graves, serias, que pesan sobre el exprocurador Jean Alain Rodríguez y el resto de los acusados” de enriquecerse con dinero público.

“Ahora mismo la sensibilidad y la susceptibilidad están a flor de piel por una denominación que el Ministerio Público pone sobre sus casos. Sin embargo, nos preguntamos si ellos tuvieron esa misma sensibilidad y ese mismo tacto cuando se robaron el patrimonio público”, reiteró Ortiz.

Mirna Ortiz ofreció estas declaraciones a la prensa luego de ser aplazado para el próximo 23 de junio el inicio del juicio contra Jean Alain Rodríguez Sánchez y compartes en el Segundo Tribunal Colegiado Distrito Nacional por la ausencia de uno de los imputados.

Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante su gestión como procurador general de la República (2016-2020). Según el expediente acusatorio, el grupo malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.

El envío a juicio de fondo fue ordenado el 29 de junio de 2023 por el juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tras presentar una síntesis de las líneas de investigación que detallan múltiples actos de corrupción cometidos durante la administración de Rodríguez Sánchez.

La acusación incluye a 41 personas físicas y 22 empresas presuntamente involucradas en esta red de corrupción.

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