Indotel firma acuerdos con ASIET y la CRC de Colombia en Barcelona: ¿Qué significa esta cooperación?

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmó un acuerdo de cooperación con la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y un memorándum de entendimiento con la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC), según informó la entidad este domingo 8 de marzo.

Los documentos fueron suscritos por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel; Maryleana Méndez, secretaria general de ASIET; y Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC, durante una agenda institucional desarrollada en Barcelona, España, en el contexto del Mobile World Congress (MWC) 2026, el mayor evento global de telecomunicaciones, que este año celebró su vigésimo aniversario en la ciudad catalana con cerca de 105,000 asistentes de 207 países.

Qué dicen los acuerdos firmados por Indotel

El convenio con ASIET establece un marco de cooperación técnica que incluye la organización conjunta de cursos, talleres, mesas redondas y programas de formación especializada, además del intercambio de expertos, personal técnico, documentación y proyectos conjuntos.

El memorándum con la CRC, por su parte, crea un marco no vinculante de cooperación técnica internacional en áreas como mejora regulatoria, servicios digitales y OTT, protección al usuario, modelos de conectividad para cerrar la brecha digital, calidad del servicio, redes 5G y no terrestres, desarrollo de redes 6G, ciberseguridad y compartición de infraestructura.

"Estos acuerdos amplían la capacidad del Indotel para intercambiar conocimientos, aprender de experiencias comparadas y fortalecer su visión regulatoria en un entorno tecnológico cada vez más dinámico", expresó Gómez Mazara según el comunicado oficial de la institución.

En detalle: obligaciones concretas y recursos

Un dato que no debe pasar inadvertido: ambos acuerdos comparten una lógica de cooperación flexible sin obligaciones jurídicas exigibles frente a terceros ni compromisos automáticos de transferencia de recursos.

Es decir, se trata de acuerdos marco —frecuentes en la diplomacia institucional— que por sí solos no garantizan resultados tangibles. Su valor dependerá enteramente de la voluntad política y la capacidad de gestión para convertir las buenas intenciones en programas ejecutables con plazos, metas e indicadores.

El contexto dominicano: avances y deudas pendientes

La firma llega en un momento en que República Dominicana muestra señales mixtas en materia de telecomunicaciones. Por un lado, el gobierno ha dado pasos significativos: el presidente Luis Abinader declaró en febrero de alta prioridad nacional la construcción de puertos de intercambio digital y cables submarinos, con una primera fase de inversión que supera los 500 millones de dólares. El Indotel, además, lanzó el proyecto Canasta Digital Social 3.0 para llevar dispositivos a 5,000 personas en situación de vulnerabilidad, graduó a 5,000 jóvenes del programa Talento Digital y anunció la licitación de nuevas frecuencias para fortalecer redes móviles.

Pero por otro lado, la brecha digital sigue siendo una realidad persistente: en zonas rurales y barrios vulnerables, miles de familias dependen de conexiones inestables, dispositivos de baja gama y recargas diarias de datos móviles. La calidad del servicio —una de las áreas mencionadas en el memorándum con la CRC— continúa siendo una de las principales quejas de los usuarios dominicanos.

¿Qué puede aportar Colombia?

La CRC colombiana es considerada uno de los reguladores más avanzados de América Latina, con experiencia en regulación de plataformas OTT, modelos de medición de calidad del servicio y marcos de protección al usuario digital. Si el intercambio técnico se materializa, República Dominicana podría beneficiarse de metodologías probadas en un mercado con desafíos similares.

No obstante, el propio Gómez Mazara ha reconocido en intervenciones recientes en Barcelona la necesidad de fortalecer el papel arbitral de los órganos reguladores y garantizar una competencia efectiva en el sector, un reconocimiento implícito de que el marco regulatorio dominicano aún tiene camino por recorrer.