Inabie cancela 20 contratos y a 9 trabajadores en caso de licitaciones bajo investigación

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este jueves de que canceló 20 contratos adjudicados y a 9 personas que participaron en las licitaciones para la adquisición de utilería escolar en 2024 bajo investigación por irregularidades.

Esta noticia se dio a conocer un día después de que ayer la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) indicaran que se habían detectado graves violaciones a la normativa en tres procesos de licitación pública del Inabie, por lo que el expediente completo había sido remitido a la Procuraduría General de la República (PGR) para los fines legales correspondientes.

En un comunicado, el Inabie detalló que entre los 9 colaboradores que participaron en las licitaciones cancelados de la institución se encuentran peritos responsables de las evaluaciones técnicas.

Recordó que la propia dirección ejecutiva de la institución fue la que solicitó a la DGCP y a ProCompetencia el acompañamiento para investigar posibles irregularidades en esos tres procesos de licitación de útiles escolares.

Según la entidad, hasta el momento las evaluaciones realizadas no han evidenciado afectación de derechos y no se han recibido impugnaciones por parte de los oferentes ni en la institución ni en la DGCP.

Ante esta situación, también se dispuso la suspensión de certificación de contratos con las empresas involucradas, sin que se haya llevado a cabo desembolso económico alguno vinculado a los contratos de compañías denunciadas en estos procesos, "en salvaguarda de los recursos públicos", agregó la nota.

De acuerdo con la DGCP y la Unidad Antifraude, entre las principales violaciones identificadas en los procesos se encuentran la flexibilización indebida de criterios de evaluación, la omisión de firmas y documentos obligatorios y la aplicación de medidas excepcionales que permitieron la participación de empresas inicialmente descalificadas o no habilitadas.

También se detectó una "preocupante falta de uniformidad en los plazos del cronograma y una deficiente conformación del Comité de Compras y Contrataciones, así como insuficiencias en la documentación de los contratos registrados".

Además, se identificaron indicios relevantes que apuntan a la existencia de conflictos de interés y posibles prácticas anticompetitivas, en concreto actos de colusión entre oferentes, y se observó la participación directa o indirecta de servidores públicos en la manipulación de decisiones técnicas y administrativas.

Entre otros puntos, se identificaron inconsistencias entre los informes preliminares y los definitivos, sin documentación que justifique las variaciones, así como indicios de modificaciones no autorizadas, sustituciones o posibles falsificaciones de informes periciales, lo que podría haber favorecido de forma intencionada a determinados oferentes.