El Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional varió este jueves la medida de coerción impuesta a Ada Ledesma, imputada en el caso Cobra, quien permanecía en prisión preventiva desde diciembre de 2025 en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Mujeres.
El juez Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión tras evaluar la documentación médica presentada por la defensa, la cual acredita que la imputada padece afecciones cardiovasculares, biliares y una cardiopatía.
Como parte de la nueva medida de coerción, el magistrado dispuso arresto domiciliario, presentación periódica, el uso de un grillete electrónico y el pago de una garantía económica de RD$ 20 millones, mediante una compañía aseguradora.
Asimismo, informó que la decisión íntegra será dada a conocer el próximo 6 de agosto.
Ministerio Público solicitó mantener la prisión preventiva
Durante la audiencia, la fiscal Rosa Alba García, en representación del Ministerio Público, solicitó al tribunal mantener la prisión preventiva al considerar que la investigación continúa por hechos de alta gravedad relacionados con las irregularidades investigadas en el Centro de Acopio y Distribución de Alimentos (Ceaza).
La representante del Ministerio Público explicó que la solicitud de revisión estuvo sustentada en nuevos informes médicos que evidencian problemas cardiovasculares, afecciones biliares y una cardiopatía de la imputada.
Indicó que el juez entendió que esos documentos justificaban la variación de la medida para proteger el derecho a la salud de Ledesma, aunque manteniendo restricciones suficientes para garantizar su permanencia en el proceso penal.
Defensa califica de desproporcionada la prisión preventiva
El abogado de Ada Ledesma, Gustavo de los Santos Coll, afirmó que la prisión preventiva fue desproporcionada desde el inicio del proceso y sostuvo que su representada, en calidad de suplidora del Estado, cumplió con las obligaciones contractuales que le fueron atribuidas.
La defensa explicó que el tribunal basó su decisión en estudios médicos recientes, entre ellos un ecocardiograma que evidencia esclerosis en la aorta y el riesgo de que la imputada sufra un evento cardiovascular para el cual, según alegó, el sistema penitenciario no cuenta con capacidad de respuesta adecuada.
El abogado agregó que los estudios fueron realizados por disposición de las autoridades penitenciarias y remitidos oficialmente al tribunal, por lo que el juez consideró acreditadas las nuevas circunstancias de salud al momento de revisar la medida de coerción.
Datos sobre el caso
Ada Ledesma figura entre los imputados en la Operación Cobra, una investigación del Ministerio Público sobre un presunto esquema de corrupción que habría operado en el Centro de Acopio y Distribución de Alimentos (Ceaza), mediante supuestas irregularidades en procesos de contratación y suministro de bienes al Estado.
Según la acusación, Ledesma habría participado en el entramado en su condición de proveedora del Estado, presuntamente beneficiándose de contratos que forman parte de la investigación. El Ministerio Público sostiene que estos hechos habrían ocasionado perjuicios al patrimonio público y mantiene abierta la investigación para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
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