Una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra Daniel Esteban Davis García, arrestado el pasado 14 de octubre en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), tras ingresar al país con US$399,777 y RD$3,100 sin declarar ante las autoridades aduaneras.
La magistrada Karen Casado dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en la provincia San Cristóbal, con el objetivo de garantizar su presencia durante las distintas etapas del proceso judicial.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, Davis García llegó al país en un vuelo procedente de la isla de Tórtola y fue intervenido alrededor de la 1:55 de la tarde durante los procedimientos ordinarios de control aduanero.
El documento establece que un oficial de la Dirección General de Aduanas (DGA) le ordenó colocar su equipaje en la máquina de rayos X para fines de verificación, pero el imputado habría mostrado objeción y mantenido una actitud evasiva.
Ante las sospechas de que pudiera ocultar objetos ilícitos entre sus pertenencias, las autoridades procedieron a inspeccionar su equipaje y prendas de vestir.
Durante el registro, los agentes ocuparon una maleta y una mochila en las que encontraron US$399,777 y RD$3,100, dinero que, según las autoridades, no había sido declarado en el formulario correspondiente ante la Dirección General de Aduanas.
Además de las divisas, las autoridades incautaron una tableta, una consola Nintendo con su control y un teléfono celular que el imputado llevaba en las manos.
Tras el hallazgo, el agente aduanero dispuso su arresto por presunta infracción flagrante y, según el expediente, le fueron leídos sus derechos constitucionales.
Investigación por presunto lavado de activos
El Ministerio Público sostiene que los hechos podrían estar vinculados con el lavado de activos y el contrabando de divisas, en presunta violación del artículo 4-12 de la Ley núm. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como de los artículos 338, 339 y 343 de la Ley núm. 168-21, de Aduanas de la República Dominicana.
La investigación está a cargo de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, dirigida por la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta, en coordinación con la Fiscalía de Santo Domingo Este.
En las pesquisas participan el procurador general de corte de apelación Taipey Joa Saad, la procuradora fiscal Angie Castro y el fiscalizador de Santo Domingo Este Welinston Gómez.
La representación del Ministerio Público en el proceso judicial está a cargo de Angie Castro, junto a la fiscal Flor Jiménez, del Departamento de Criminalidad Organizada de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
La medida de coerción fue impuesta luego de que la jueza valorara las pruebas presentadas por el órgano acusador para sustentar su solicitud.
El proceso continuará mientras las autoridades profundizan las investigaciones para determinar las circunstancias en que el dinero ingresó al territorio dominicano y establecer las posibles responsabilidades penales correspondientes.
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