La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva a Adolfina Paula Pimentel y Cristian del Carmen Rosario Rodríguez, imputadas de participar en una presunta red de tráfico de menores desde República Dominicana hacia las islas de Tórtola y Dominica.
Ambas deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal. En el mismo proceso, el tribunal impuso a Yaribel Cristina Esquea una garantía económica de RD$50,000 mediante una compañía aseguradora y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El juez Leomar Cruz Quezada también declaró el caso de tramitación compleja, a solicitud del órgano acusador.
La investigación comenzó en el aeropuerto
Según la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, el caso salió a la luz el 8 de octubre de 2026, cuando Pimentel acudió al área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas junto a dos adolescentes que presuntamente viajarían hacia Tórtola y, posteriormente, a Dominica.
La instancia indica que la investigada presentó tres permisos de salida migratoria. Durante la verificación, un inspector detectó que uno de los documentos era falso, por lo que trasladó a Pimentel y a las dos menores a la sala de investigación migratoria.
Las autoridades también advirtieron que las adolescentes se comunicaban únicamente en creole, aunque los pasaportes que portaban las identificaban como dominicanas.
De acuerdo con el expediente, Pimentel declaró que no conocía a las menores y que otras personas, a quienes tampoco conocía, se las habían entregado en la terminal aeroportuaria. El Ministerio Público informó que fue arrestada en flagrante delito.
Pasaportes con datos de otras adolescentes
La investigación incluyó una certificación de la Dirección General de Pasaportes que, según el Ministerio Público, establece que los documentos utilizados por las adolescentes fueron emitidos entre el 22 y el 28 de septiembre de 2026.
La instancia sostiene que para obtenerlos se utilizaron registros de nacimiento de adolescentes dominicanas, hijas de padres residentes en Villa Mella, Santo Domingo Norte.
En cuanto a Esquea, el órgano acusador afirma que recibió una oferta de dinero a cambio de facilitar los datos de sus hijas, con el propósito de hacer pasar a otras niñas como si fueran ellas, gestionar pasaportes con esas identidades y sacarlas del país. Según la solicitud, Esquea aceptó la propuesta.
El expediente también señala que Rosario Rodríguez habría ofrecido pagarle a Esquea para facilitar la salida del país de una de las adolescentes.
Tres adolescentes identificadas como posibles víctimas
Hasta el momento, el Ministerio Público ha identificado a tres adolescentes de 14 y 16 años como posibles víctimas. Según la información oficial, permanecen bajo el cuidado y la protección de las autoridades.
La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Fiscalía de Santo Domingo Este, la unidad especializada del Ministerio Público y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
El órgano acusador atribuye a las imputadas presuntos vínculos con el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas mediante transporte aéreo y la suplantación de identidad para trasladar menores fuera del país.
Las medidas de coerción fueron conocidas por el juez Leomar Cruz Quezada. La imposición de estas medidas no constituye una declaración de culpabilidad; el proceso deberá continuar conforme a las etapas judiciales correspondientes.
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