Hugo Beras y Jochi Gómez Canaán irán a juicio por 'solidez de las pruebas', prevén fiscales

La procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró este viernes que el Ministerio Público demostró la acusación por corrupción administrativa presentada contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el empresario Jochi Gómez y coimputados, y subrayó que, "de manera indiscutible, serán enviados a juicio".

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) destacó que los fiscales lograron "contundencia de las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar" que se celebra en el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

Al responder preguntas de la prensa a la salida del tribunal, Ortiz señaló que las defensas intentaron tender una cortina de humo al envolver al tribunal y a los medios con insinuaciones y afirmaciones al margen del derecho y sin respaldo probatorio alguno.

Reiteró que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones contra Hugo Beras, Gómez Canaán y el resto de los acusados.

El eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con todas las empresas involucradas. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un entramado criminal que, según el Ministerio Público, consolidó el control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos del Estado dominicano.

Según los fiscales, el Ministerio de Defensa fue penetrado por el esquema a través de contratos irregulares con Dekolor S. R. L. y PagoRD Xchange S. R. L., empresas que obtuvieron acceso a sistemas de seguridad nacional, pero ningún militar aparece en la lista de imputados en la acusación formal de la Pepca.

Licitación adjudicada antes de ser convocada

Ortiz precisó que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que corroboran la tesis del Ministerio Público: que la licitación había sido adjudicada a José Gómez Canaán antes incluso de que se materializara el proceso formal de contratación.

Resaltó que esas actuaciones configuran el esquema completo de defraudación al Estado dominicano, al operar con cartas marcadas "evidentemente para favorecer a un proveedor con el que ya se mantenían relaciones a cambio de beneficios económicos".

"Eso es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que corresponderá, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio", subrayó.

Ortiz representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los procuradores fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca.

En el proceso, el Ministerio Público solicitó al tribunal que dictara auto de apertura a juicio contra todos los acusados. La jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana.

El esquema delictivo: nueve cargos contra el Estado

La investigación del Ministerio Público reveló que el entramado criminal no se limitó a un solo delito ni a una sola institución. Los hechos imputados abarcan nueve líneas delictivas que, en conjunto, configuran uno de los casos de corrupción más complejos instruidos en los últimos años en la República Dominicana:

• Corrupción administrativa y fraude en contrataciones públicas. El Intrant —institución encargada de regular el tránsito y el transporte terrestre en el país— fue el escenario principal del esquema. Según la acusación, funcionarios de esa entidad manipularon procesos de licitación para favorecer a empresas vinculadas a Gómez Canaán, en violación directa de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
• Estafa contra el Estado. A través de contratos y convenios irregulares suscritos con Dekolor S. R. L., PagoRD Xchange S. R. L. y Transcore Latam S. R. L., se otorgó acceso privilegiado a esas empresas para desviar fondos públicos, en detrimento del erario dominicano.
• Sabotaje a infraestructuras críticas y actos de terrorismo en infraestructura crítica. El Ministerio Público sostiene que el control ilícito sobre sistemas tecnológicos del Intrant —entre ellos plataformas de gestión del tráfico y cobro de peajes— constituyó una vulneración deliberada de infraestructuras consideradas estratégicas para el Estado. La acusación extiende esta línea delictiva al Ministerio de Defensa, institución a través de la cual, según los fiscales, también se canalizaron operaciones del entramado, comprometiendo recursos y sistemas de seguridad nacional.
• Delitos de alta tecnología y falsificación. El esquema habría incluido la manipulación de sistemas informáticos, la alteración de documentos y el uso fraudulento de plataformas digitales para encubrir las operaciones ilícitas y simular legalidad en los procesos de contratación.
• Contrabando. La acusación señala que parte del entramado involucró el ingreso irregular de equipos o mercancías vinculadas a los contratos suscritos con las empresas del grupo.
• Lavado de activos. Los fondos desviados habrían sido canalizados a través de las personas jurídicas acusadas —Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix, entre otras— para ocultar su origen ilícito y reintegrarlos al circuito económico formal.

Los acusados

Por el caso son procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán, propietario de Aurix S. A. S.

También están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant.

A ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José Peguero Vargas.

Asimismo, la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.

Las personas jurídicas acusadas son: Transcore Latam S. R. L., Aurix S. A. S., Inprosol S. R. L., OML Inversiones S. R. L., PagoRD Xchange S. R. L., Industria Soltex Dominicana S. R. L. y Dekolor S. R. L.