Gonzalo Castillo espera decisión clave sobre apertura de juicio en caso Calamar

El exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, acudió este jueves al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde espera la decisión de la jueza Altagracia Ramírez sobre la solicitud de apertura a juicio en el denominado caso Calamar, uno de los expedientes de corrupción administrativa de mayor alcance presentados por el Ministerio Público en los últimos años.

La magistrada del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene a su cargo determinar si existen méritos suficientes para enviar a juicio de fondo a los imputados del caso, cuya acusación involucra a 46 personas físicas y jurídicas.

Debido al volumen del expediente y a limitaciones de espacio en la sala de audiencia, la lectura íntegra de la decisión será realizada en el salón del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El Ministerio Público acusa a los implicados de integrar una supuesta red de corrupción que habría desviado miles de millones de pesos del Estado mediante pagos irregulares, expropiaciones fraudulentas y mecanismos de financiamiento político ilegal.

Entre los delitos atribuidos figuran asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales.

Además de Gonzalo Castillo, el expediente incluye a exfuncionarios de alto perfil de los gobiernos del PLD, empresarios y compañías vinculadas a contrataciones y operaciones financieras investigadas por las autoridades.

El caso Calamar ha sido presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como una de las investigaciones más complejas abiertas tras el cambio de gobierno en 2020, junto a otros procesos como Antipulpo, Coral y Medusa.

La defensa de varios imputados ha cuestionado la consistencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y ha denunciado supuestas motivaciones políticas detrás del proceso judicial.