El presidente Luis Abinader emitió el decreto 615-26, mediante el cual declara de alto interés nacional y prioridad estratégica la prevención y persecución del denominado terrorismo medioambiental, especialmente cuando afecte parques nacionales y recursos naturales considerados críticos para el país.
La disposición establece una respuesta coordinada del Estado frente a acciones deliberadas que provoquen daños graves a áreas protegidas, cuencas hidrográficas, presas, embalses, manglares, humedales, nacimientos de ríos y otras zonas de importancia ambiental.
Durante la presentación de la normativa, realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, Abinader advirtió que el Gobierno perseguirá con mayor firmeza a quienes atenten contra los parques nacionales y los recursos naturales, tanto autores materiales como personas que financien, ordenen o promuevan esas acciones.
Junto al mandatario estuvieron los ministros Andrés Bautista, administrativo de la Presidencia; Paíno Henríquez, de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Carlos Antonio Fernández Onofre, de Defensa; el director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester; y el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Maireni Rivas.
Protección de parques nacionales
Abinader afirmó que durante décadas los parques nacionales no contaron con la atención ni la seguridad jurídica necesarias por parte del Estado.
Indicó que al inicio de su gestión se constató que muchas áreas protegidas no tenían títulos de propiedad a nombre del Estado, situación que, según dijo, comenzó a corregirse mediante un proceso de titulación nacional.
El mandatario también relacionó parte de los incendios forestales recientes, entre ellos el registrado en el Parque Nacional de Bahoruco, con actividades ilícitas que afectan la flora, la fauna, el suministro de agua y la seguridad alimentaria.
Instrucciones a organismos de seguridad
El decreto instruye al Comité Nacional Antiterrorista, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Policía Nacional y a la Dirección General de Migración a coordinar acciones para prevenir, detectar e investigar agresiones contra el patrimonio ambiental.
La normativa también ordena diseñar una Política Nacional de Prevención y Combate al Terrorismo Medioambiental, con énfasis en incendios forestales provocados y amenazas contra infraestructura hídrica y energética.
El Poder Ejecutivo indicó que cualquier agresión contra el patrimonio ambiental deberá ser remitida de inmediato al Ministerio Público, a fin de activar las investigaciones y acciones penales correspondientes.
Sanciones y denuncias
El Gobierno advirtió que las conductas graves contra parques nacionales y recursos naturales podrán enfrentar sanciones severas conforme al marco legal vigente y al nuevo Código Penal, incluyendo penas de 20 a 30 años de prisión, según la gravedad de los hechos.
La disposición también contempla la creación de plataformas tecnológicas y mecanismos de denuncia confidencial para ciudadanos que colaboren de buena fe con informaciones sobre amenazas o daños al medioambiente.
Con el decreto, el Poder Ejecutivo busca reforzar la protección de los recursos naturales estratégicos y establecer una respuesta institucional más firme frente a incendios provocados, ocupaciones ilegales, destrucción de áreas protegidas y otras acciones que comprometan ecosistemas esenciales para el país.
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