El Gobierno dominicano autorizó la extradición al Reino de los Países Bajos del ciudadano neerlandés Reyno Martín Cijntje, requerido por las autoridades judiciales de Curazao por su presunta vinculación con una organización criminal y la comisión de varios delitos graves, entre ellos narcotráfico internacional, intento de asesinato, tráfico de armas y lavado de activos.
La decisión está contenida en el decreto 774-26, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso su entrega a las autoridades neerlandesas para que responda por las acusaciones que enfrenta.
La medida se fundamenta en la orden de detención provisional UITL-CUR-U-2026018, emitida el 21 de septiembre de 2026 por un juez de instrucción en materia penal del Tribunal de Primera Instancia de Curazao.
Cijntje, de 39 años, conocido con el alias de "Bomba", había sido arrestado el pasado 12 de octubre en La Vega, durante un operativo realizado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, en cumplimiento de una orden judicial con fines de extradición.
Las autoridades de Curazao lo vinculan presuntamente con la organización criminal "No Limit Soldiers", investigada por su participación en actividades delictivas relacionadas con el tráfico internacional de drogas, armas de fuego y otros hechos violentos.
Los delitos que se le imputan
De acuerdo con el decreto, Cijntje deberá responder ante la justicia de Curazao por su presunta participación en intento de asesinato u homicidio, así como por coautoría reiterada de amenazas, extorsión y coacción, tanto en hechos consumados como en grado de tentativa.
En materia de narcotráfico, las autoridades le atribuyen actos preparatorios relacionados con el tráfico internacional de drogas, además de complicidad reiterada en operaciones de importación y exportación de estupefacientes.
También enfrenta acusaciones por intento de posesión y tráfico de armas de fuego, así como por su presunta participación habitual en operaciones de lavado de activos.
Las imputaciones forman parte de una investigación desarrollada por las autoridades judiciales de Curazao, donde el requerido deberá responder por los hechos que se le atribuyen.
La autorización de extradición no constituye una declaración de culpabilidad, sino una decisión que permite avanzar en el procedimiento para su entrega a la jurisdicción solicitante.
Con la disposición, República Dominicana da continuidad a los mecanismos de cooperación judicial internacional para la persecución de delitos relacionados con el crimen organizado transnacional.
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