Más de 20 instituciones que integran el Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas revisaron los avances en las respuestas dirigidas a mujeres y niñas, con énfasis en la atención de emergencias, el análisis de datos sobre violencia, la ampliación territorial de los servicios y el fortalecimiento del marco legal.
La reunión ordinaria estuvo encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y contó con la participación de representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales que forman parte del Gabinete.
Entre los temas abordados estuvieron la interoperabilidad entre sistemas de emergencia, el fortalecimiento de los servicios de atención, la agenda de población y desarrollo y el anteproyecto de Ley Mirabal.
9-1-1 y Línea *212 compartirán información
El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 presentó los resultados de la interoperabilidad con la Línea de Emergencia *212 del Ministerio de la Mujer.
Según la institución, esta coordinación permite fortalecer la respuesta ante situaciones de violencia y facilitar la atención de acuerdo con las características de cada caso.
También se presentó el intercambio y cruce de información de registros de denuncias y asistencias, una herramienta que permitirá analizar patrones de violencia, identificar recurrencias y determinar los territorios donde se registra una mayor incidencia.
El objetivo, de acuerdo con lo expuesto en la reunión, es utilizar esta información para apoyar la toma de decisiones y orientar la distribución de recursos públicos.
En el encuentro participaron, entre otros funcionarios, el director ejecutivo del 9-1-1, Randolfo Rijo Gómez; la directora general de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Mildred Martínez Mejía, y la directora de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) de la Policía Nacional, general Yanet Jiménez Cabral.
Servicios de atención llegarían a más territorios
El Ministerio de la Mujer presentó el Programa Integral de Servicios y Modelos de Atención (PRISMA), cuya implementación está prevista para 2027.
La iniciativa contempla incorporar a asociaciones sin fines de lucro que cumplan requisitos técnicos y operativos para ampliar la cobertura territorial de los servicios de atención.
Rosa Mejía, viceministra técnica de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer, explicó que estas organizaciones aportarían sus capacidades y experiencia comunitaria bajo los protocolos, estándares de calidad y mecanismos de supervisión de la institución.
La primera etapa contempla a Santiago, Santo Domingo y San Cristóbal, territorios que, según el mapa de calor de violencia utilizado por el Ministerio de la Mujer, concentran una mayor intensidad y cantidad de casos.
Datos sobre pobreza, salud y desigualdad
El Ministerio de Hacienda y Economía presentó la hoja de ruta del Consenso de Montevideo y los resultados expuestos por República Dominicana ante la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo.
Martín Francos Rodríguez, viceministro de Planificación e Inversión Pública, presentó los avances reportados por el país en áreas como reducción de la pobreza, cobertura de salud, prevención del embarazo en adolescentes y de las uniones tempranas, igualdad de género, primera infancia y protección social.
La presentación también identificó desafíos relacionados con mortalidad materna, brechas de género, trabajo no remunerado y desigualdades territoriales.
Entre las prioridades planteadas figura mejorar la producción de datos y su incorporación a la planificación de las políticas públicas.
Anteproyecto de Ley Mirabal
El Gabinete también conoció los avances del anteproyecto de Ley Mirabal, presentado por Melina Zaiz, encargada de Agenda Legislativa del Ministerio de la Mujer.
La propuesta busca establecer un marco integral para la prevención, atención, protección, acceso a la justicia, sanción y reparación frente a la violencia contra las mujeres.
El proyecto contempla derechos y garantías para las víctimas, responsabilidades institucionales y la organización del Sistema Nacional de Protección Integral.
El proceso de elaboración incluye la revisión y armonización de iniciativas legislativas existentes con el Código Penal y el Código Procesal Penal, tomando en cuenta las modificaciones introducidas recientemente.
Para este proceso se han realizado consultas con instituciones públicas, representantes del sistema de justicia, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.
El Gabinete continuará dando seguimiento a las acciones de las instituciones que participan en esta agenda y a los avances relacionados con la atención y protección de mujeres, adolescentes y niñas.
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