Este 16 de agosto se cumplen dos años del segundo mandato de Luis Abinader, un tramo que abarca desde agosto de 2024 hasta agosto de 2026. En ese período, las Fuerzas Armadas dominicanas ocuparon un lugar central en la agenda del Gobierno, con mayor presupuesto, adquisición de equipos, reforzamiento de la frontera con Haití e incorporación de nuevas aeronaves.
El proceso elevó la capacidad de respuesta del Estado y abrió una etapa de consolidación institucional en la que la planificación, la evaluación de resultados y la rendición de cuentas serán claves.
Desde esa perspectiva, el análisis resume los principales logros, avances y desafíos del Ministerio de Defensa, el Ejército de República Dominicana, la Armada Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana.
El enfoque no se limita a medir compras o despliegues. También observa cómo esas decisiones se conectan con la seguridad ciudadana, la crisis haitiana, la asistencia humanitaria, la industria militar y la relación entre el poder civil y las instituciones castrenses.
Ejército: frontera, control territorial y apoyo comunitario
El Ejército fue la institución más visible del período por su papel en la frontera dominico-haitiana. El despliegue de tropas, la movilidad de equipos especializados, las torres de vigilancia, el uso de drones y los patrullajes terrestres formaron parte de una política centrada en el control territorial y la protección de la soberanía.
Ese despliegue se complementó con la adquisición de vehículos tácticos, camiones y equipos de comunicación, además de operativos médicos, distribución de alimentos y asistencia a comunidades en emergencias.
Entre el 17 de agosto de 2024 y el 10 de agosto de 2026, el Ejército reportó la interdicción de 334.440 migrantes en condición migratoria irregular. En el mismo período, 1.851 personas fueron enviadas al Ministerio Público por presunta vinculación con tráfico de indocumentados, contrabando y otros delitos, mientras 5.030 vehículos fueron retenidos por posible relación con actividades ilícitas.
En el primer semestre de 2026, la institución registró 81.457 interdicciones de ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, frente a 99.070 en igual período de 2025, una reducción cercana al 17,8 %. Las autoridades vinculan esa baja con más tropas, vigilancia tecnológica, patrullaje terrestre y aéreo, y controles fronterizos reforzados.
El aumento de operaciones exige coordinación precisa entre las funciones militares, migratorias y de seguridad pública, junto con protocolos que garanticen el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y la articulación con las instituciones civiles.
En el plano interno, el Ejército mantiene oportunidades de mejora en infraestructura, bienestar del personal, formación técnica y carrera militar, áreas decisivas para consolidar una institución moderna y basada en mérito.
En términos operativos, el Ejército se convirtió en el componente de mayor exposición pública por la sensibilidad de la frontera. Su trabajo combina vigilancia, presencia preventiva, apoyo a otras agencias y asistencia a comunidades, lo que lo coloca en una posición clave dentro de la política de seguridad del Estado.
Armada: vigilancia marítima y combate al crimen organizado
La Armada Dominicana reforzó su presencia en las costas, el patrullaje marítimo y la lucha contra el narcotráfico. La incorporación de patrulleros, las operaciones conjuntas, los rescates y las acciones ambientales figuran entre sus avances más relevantes.
Sus operaciones incluyen incautaciones de drogas, asistencia a pescadores y embarcaciones en peligro, vigilancia de zonas costeras y acciones vinculadas al sargazo y la protección de áreas marítimas.
El reto naval sigue siendo sostener esa presencia en un país con amplia extensión marítima. Más embarcaciones, tecnología de vigilancia, mantenimiento oportuno y presupuesto operativo permitirían ampliar el control del mar territorial.
La labor naval también tiene un componente económico y social. La vigilancia de puertos, costas y rutas marítimas protege el comercio, la pesca, el turismo y la seguridad de las comunidades costeras, por lo que el fortalecimiento de la Armada impacta áreas que van más allá de la defensa tradicional.
Fuerza Aérea: apoyo nacional y aeronaves ensambladas en el país
La Fuerza Aérea Dominicana ganó protagonismo en vigilancia, transporte, apoyo humanitario y respuesta ante desastres. La incorporación de helicópteros, aeronaves de transporte y aviones ligeros mejoró la movilidad de tropas, el traslado de ayuda y los vuelos de reconocimiento en zonas fronterizas y costeras.
Ese papel se reforzó con evacuaciones, traslado de personal médico y alimentos, y cooperación con instituciones del Estado en situaciones de crisis.
Uno de los avances más destacados es el programa TP-75 Dulus, compuesto por aviones ligeros de entrenamiento y patrullaje ensamblados en la Base Aérea de San Isidro por técnicos dominicanos, en cooperación con la empresa italiana Flying Legend. El proyecto contempla diez unidades para vigilancia aérea, formación de pilotos y patrullaje de zonas fronterizas y áreas protegidas.
Además de sumar aeronaves de bajo costo operativo, el programa impulsa capacidades industriales locales. La FARD, sin embargo, deberá seguir fortaleciendo el mantenimiento, la formación técnica y la seguridad operacional para sostener esas misiones.
La incorporación de aeronaves ensambladas en el país también tiene un valor simbólico. Muestra una apuesta por capacidades nacionales, transferencia de conocimientos técnicos y formación de personal especializado, elementos que podrían fortalecer la autonomía operativa de la institución en el mediano plazo.
Crisis haitiana: la frontera como prioridad estratégica
La crisis de seguridad en Haití, marcada por el avance de bandas armadas, secuestros y control territorial en zonas de Puerto Príncipe, condicionó buena parte del desempeño de las Fuerzas Armadas dominicanas durante el período indicado. Ante ese escenario, el Gobierno reforzó la vigilancia fronteriza y colocó la defensa del territorio como prioridad nacional.
El Ejército asumió la mayor carga operativa mediante patrullajes, puestos de control, interdicciones migratorias, vigilancia tecnológica y presencia permanente en puntos sensibles. La Armada reforzó la vigilancia marítima, mientras la Fuerza Aérea aportó vuelos de reconocimiento, transporte y apoyo logístico.
La respuesta fue coordinada desde el Ministerio de Defensa con otras agencias estatales. Las autoridades han reiterado que el país no participa en operaciones directas contra bandas dentro de Haití, sino que mantiene apoyo logístico, asistencia médica y preparación ante contingencias que puedan afectar la seguridad nacional.
La crisis haitiana ha obligado a mantener una vigilancia constante y una postura de prevención. En ese escenario, las Fuerzas Armadas han debido combinar firmeza territorial, coordinación interinstitucional y prudencia diplomática, evitando que la situación del país vecino se traduzca en desorden interno o riesgos mayores para las comunidades dominicanas.
Apoyo humanitario y proyección regional
El papel de las Fuerzas Armadas también se proyectó fuera del país mediante misiones de asistencia humanitaria. Tras los terremotos que afectaron a Venezuela, el Gobierno dominicano activó la Operación Quisqueya Solidaria 2026 y dispuso el envío de un equipo especializado en búsqueda y rescate bajo la coordinación del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La misión incluyó personal entrenado en rescate de personas atrapadas bajo escombros, atención inicial de emergencias y apoyo logístico. La Fuerza Aérea participó en el traslado de medicamentos e insumos médicos, mientras el Estado preparó ayuda alimentaria y sanitaria por vía marítima.
Este tipo de operaciones confirma que la función militar moderna no se limita al combate ni a la vigilancia. En situaciones de desastre, las Fuerzas Armadas aportan organización, rapidez de movilización, transporte, disciplina logística y personal entrenado para actuar en escenarios de emergencia.
Seguridad ciudadana y respaldo presidencial
Visto en conjunto, el período muestra avances concretos: más presupuesto, nuevos equipos, mejoras salariales, mayor presencia en frontera, costas y espacio aéreo, y una participación más activa en emergencias nacionales.
En seguridad ciudadana, las Fuerzas Armadas han apoyado a la Policía Nacional en patrullajes mixtos, labores preventivas y operativos en zonas priorizadas. Su participación refuerza la presencia del Estado en avenidas, sectores comerciales y comunidades donde se requiere mayor vigilancia.
Ese apoyo se realiza bajo coordinación institucional y busca complementar, no sustituir, las funciones policiales. Los militares aportan disciplina operativa, logística, movilidad y control de perímetros, mientras la Policía mantiene la dirección de la prevención, la investigación y el contacto ciudadano.
En 2024, el gasto militar fue de alrededor de RD$58,313.3 millones, orientado al fortalecimiento de la defensa terrestre, naval y aérea, la seguridad fronteriza, la verja perimetral, tecnología, mantenimiento, salarios, suministros y apoyo al personal militar.
Para 2025, el presupuesto fue reportado en aproximadamente RD$63,900 millones. En la propuesta de 2026, el gasto de defensa supera los RD$68,686 millones, con énfasis en defensa terrestre, naval y aérea, educación militar, entrenamientos, servicios de salud, programas sociales y gastos de funcionamiento.
El respaldo del presidente Luis Abinader ha sido visible en actos oficiales, graduaciones, entregas de equipos, almuerzos con tropas, desfiles y demostraciones operativas. Como comandante en jefe, ha presentado la inversión militar como parte de una política de fortalecimiento institucional, profesionalización y mejora de las condiciones operativas.
La presencia del mandatario en actividades militares ha servido para proyectar respaldo político y cercanía institucional. Ese acompañamiento también refuerza la idea de que la defensa nacional forma parte de una agenda de Estado que involucra inversión, planificación y seguimiento desde el Poder Ejecutivo.
Gestión, industria militar y profesionalización
Desde su designación como ministro de Defensa, el 16 de agosto de 2024, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre ha priorizado el fortalecimiento institucional, la profesionalización militar y la mejora de la calidad de vida del personal. Su gestión se apoya en el Plan Estratégico Institucional, con énfasis en educación militar, coordinación entre ramas y capacidad operativa.
Entre los logros más visibles del Ministerio de Defensa figuran el reforzamiento fronterizo, obras estratégicas en la zona norte de la frontera, fortalecimiento de cuerpos especializados de seguridad y beneficios a militares en retiro.
La Industria Militar Dominicana se consolida como otro eje relevante. Sus avances incluyen confección de uniformes, ampliación de capacidades textiles, ensamblaje de vehículos, producción de ambulancias para el 911 y proyectos como el blindado FURIA, desarrollado por técnicos dominicanos para fortalecer la movilidad táctica, el mantenimiento y el soporte logístico.
La gestión también ha impulsado entrenamiento conjunto e interoperabilidad entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y unidades especializadas, mediante competencias, jornadas institucionales y programas de capacitación.
La industria militar y los programas de formación también fortalecen una visión de autosuficiencia. Producir uniformes, vehículos, ambulancias y plataformas tácticas dentro del país permite reducir la dependencia externa, aprovechar talento local y crear capacidades que pueden servir tanto a la defensa como a la respuesta ante emergencias.
El alto mando militar
El alto mando militar ha defendido públicamente una agenda basada en modernización, soberanía, disciplina operativa y control territorial. El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ha colocado la seguridad fronteriza, el muro perimetral, la lucha contra el narcotráfico, el uso de drones y la coordinación internacional entre los ejes centrales de la estrategia de defensa. Su discurso institucional presenta a las Fuerzas Armadas como un instrumento de protección del territorio, apoyo al Estado y respuesta ante amenazas que combinan migración irregular, crimen transnacional, crisis regionales y emergencias naturales.
Fernández Onofre también ha insistido en la necesidad de fortalecer la moral del personal militar, mejorar la capacitación y consolidar la coordinación entre las tres ramas castrenses. Bajo esa línea, su gestión vincula la modernización de equipos con la profesionalización del recurso humano, la educación militar, el entrenamiento conjunto y el bienestar de los soldados, marinos y aviadores.
Desde el Ejército, el mayor general Jorge Iván Camino Pérez ha enfocado su gestión en la vigilancia fronteriza, la supervisión de puestos militares, el control de pasos irregulares y la coordinación con CESFRONT, Migración y Aduanas. Su línea de mando resalta la importancia de mantener una presencia preventiva en la frontera, reforzar los patrullajes y sostener una respuesta rápida ante intentos de tráfico de personas, contrabando de mercancías y otras actividades ilícitas.
En ese enfoque, el Ejército aparece como la primera línea de contención territorial. La supervisión de destacamentos, la movilidad de tropas, el uso de tecnología de vigilancia y la cooperación con agencias civiles forman parte de una estrategia orientada a proteger la soberanía, ordenar el control fronterizo y apoyar la seguridad de las comunidades ubicadas en la zona limítrofe.
En la Armada, el vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez ha vinculado la modernización naval con la lucha contra el narcotráfico, la migración irregular por mar, la pesca ilegal y el crimen organizado transnacional. Su gestión destaca el valor del patrullaje marítimo, la cooperación con organismos antidrogas, el control de puertos y costas, y la protección de las rutas marítimas como componentes esenciales de la seguridad nacional.
Desde esa perspectiva, la Armada se presenta como una fuerza clave para impedir que redes criminales utilicen las aguas dominicanas como ruta de tránsito. Su papel combina vigilancia, rescate, protección ambiental y apoyo al comercio marítimo, con una misión que impacta tanto la defensa como la economía y la seguridad de las comunidades costeras.
En la Fuerza Aérea, el mayor general piloto Floreal Tarcicio Suárez Martínez ha presentado los TP-75 Dulus como un avance operativo e industrial para la formación de pilotos, la vigilancia fronteriza y el desarrollo aeronáutico nacional. Su enfoque resalta que estas aeronaves no solo aumentan la capacidad de patrullaje y entrenamiento, sino que también fortalecen la participación de técnicos dominicanos en procesos de ensamblaje, mantenimiento y aprendizaje especializado.
La visión de la FARD combina vigilancia aérea, movilidad, apoyo humanitario y fortalecimiento técnico. En ese marco, los vuelos de reconocimiento, el transporte de ayuda, la asistencia en emergencias y la formación de pilotos se integran a una agenda que busca hacer de la aviación militar un instrumento de defensa, servicio público y desarrollo de capacidades nacionales.
En conjunto, las posiciones del ministro y de los comandantes generales revelan una línea institucional común: fortalecer capacidades, preservar la soberanía, profesionalizar al personal y ampliar la preparación de las tres ramas militares frente a riesgos tradicionales y emergentes. El mensaje del alto mando busca proyectar unas Fuerzas Armadas más coordinadas, mejor equipadas y orientadas tanto a la defensa nacional como al servicio de la ciudadanía.
Retos de consolidación y oportunidades de mejora
Según expertos en temas militares, de cara a los próximos años, las Fuerzas Armadas tienen el reto de convertir la expansión presupuestaria y operativa en una reforma institucional más profunda. Para ello deberán perfeccionar la planificación de compras, transparentar contratos, publicar resultados medibles y fortalecer los controles internos.
Además, también será clave delimitar funciones. El papel del Ejército en interdicciones migratorias y controles fronterizos exige protocolos claros, coordinación con autoridades civiles y capacitación permanente en derechos humanos, precisan.
La profesionalización del personal sigue siendo prioritaria: entrenamiento técnico, mantenimiento especializado, ciberseguridad, inteligencia, idiomas, gestión de emergencias, liderazgo ético, mejores condiciones de servicio y ascensos basados en mérito.
La Industria Militar Dominicana, el ensamblaje de aeronaves y la compra de equipos deberán demostrar sostenibilidad, calidad técnica, costos competitivos y utilidad operativa para consolidarse como capacidades reales de defensa.
En síntesis, el desafío será equilibrar capacidad de respuesta, fortalecimiento institucional y servicio ciudadano frente a la crisis haitiana, el narcotráfico, los desastres naturales y las amenazas tecnológicas.
Los cuestionamientos, aunque moderados, se concentran en cómo asegurar que la expansión del presupuesto y de las capacidades militares mantenga criterios de eficiencia, control democrático y utilidad pública. En esa dirección, la transparencia no aparece como una crítica, sino como una condición necesaria para consolidar la confianza en las instituciones armadas.
Modernización con responsabilidad institucional
La política militar del período 2024-2026 se ha concentrado en tres ejes: el reforzamiento de la frontera, el combate al crimen transnacional y la ampliación de las capacidades operativas. En el discurso oficial, estas medidas buscan proteger la soberanía y preparar al país frente a presiones migratorias, tráfico ilícito, crisis regionales y emergencias naturales.
El saldo muestra unas Fuerzas Armadas con mayor presencia territorial, más recursos y nuevas capacidades: el Ejército concentra su peso en la frontera, la Armada refuerza la vigilancia costera y la Fuerza Aérea amplía sus funciones de apoyo, patrullaje, ensamblaje aeronáutico y respuesta ante emergencias.
La verdadera modernización no depende solo de comprar equipos o aumentar tropas. También exige doctrina clara, profesionalización, auditorías públicas, respeto a los derechos humanos y control democrático sobre las decisiones militares.
De ahí que el reto posterior a este tramo sea demostrar que unas Fuerzas Armadas más equipadas y visibles pueden ser, al mismo tiempo, más eficientes, profesionales y cercanas a las necesidades de seguridad y servicio de la ciudadanía.
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