El Frente Amplio elevó el tono contra una posible derogación del Decreto 693-24, al asegurar que una apertura “abrupta” del mercado del arroz podría comprometer la producción nacional, miles de empleos y la seguridad alimentaria de la República Dominicana.
La presidenta de la organización, María Teresa Cabrera, planteó que el arroz no debe tratarse “como una mercancía cualquiera” por su peso en la dieta y por el entramado económico que sostiene en el campo. En su argumentación, sostuvo que alrededor del cultivo se articula una cadena que incluye productores, trabajadores agrícolas, factorías, transportistas, proveedores de insumos y maquinarias, servicios financieros, almacenamiento y comercialización.
María Teresa Cabrera sostiene que el arroz es un alimento esencial y que la cadena arrocera integra productores, trabajadores, factorías, transporte, insumos, financiamiento y comercialización.
“No estamos hablando simplemente de una discusión arancelaria”, afirmó Cabrera, al presentar la discusión como una defensa de la estructura productiva rural y de la capacidad del país para producir alimentos esenciales. Según cifras oficiales citadas por el sector y retomadas por la dirigente, la actividad arrocera involucraría a más de 30,000 productores, generaría alrededor de 80,000 empleos directos y más de 50,000 indirectos, y representaría entre 13% y 15% del PIB agropecuario.
De acuerdo a lo reportado en la rueda de prensa, sustituir arroz dominicano por importaciones tendría costos que van más allá del abastecimiento: significaría, en palabras de Cabrera, “trasladar al exterior” una parte del valor agregado, los ingresos y los puestos de trabajo que hoy se generan en el país.
Soberanía alimentaria como eje del rechazo
El argumento “más trascendente” para oponerse a la derogación, según el Frente Amplio, es el de la soberanía y seguridad alimentaria. En la rueda de prensa, la organización señala que la República Dominicana conservaría una capacidad productiva “cercana al autoabastecimiento” de arroz y que renunciar progresivamente a esa capacidad elevaría la exposición del país a factores externos: conflictos geopolíticos, fenómenos climáticos, restricciones de exportación impuestas por países productores, aumento de fletes, crisis logísticas y fluctuaciones del tipo de cambio.
También, el Frente Amplio afirma que una nación con condiciones para producir un alimento esencial “no debe abandonar esa capacidad estratégica” sin ponderar consecuencias de largo plazo. La organización añadió que proteger el arroz también implica proteger “empleos, territorios, valor agregado” y la capacidad estatal de garantizar alimentación a una parte fundamental de la población.
La crítica al “automático” abaratamiento del arroz
Otro punto de fricción es el supuesto beneficio al consumidor. Cabrera cuestionó que se dé por sentado que una reducción o eliminación de aranceles se reflejará en una baja equivalente del precio en góndola. Argumentó que el precio final depende, además, de variables como precios internacionales, fletes, seguros, tipo de cambio, costos portuarios, procesamiento, distribución y márgenes de comercialización.
Como referencia, citó el caso de Costa Rica, que habría reducido aranceles al arroz en 2022 para contener precios. Para el Frente Amplio, esa experiencia —presentada como lección— refuerza la necesidad de evaluar si la reducción arancelaria se transmite de manera proporcional al consumidor antes de debilitar la producción nacional.
Competencia desigual y presión externa
La dirigencia también puso el foco en las condiciones de competencia frente a Estados Unidos. Señaló que ese país mantiene mecanismos de apoyo a su producción arrocera, como respaldos de precios, préstamos de comercialización y coberturas ante riesgos agrícolas. En el texto, el Frente Amplio sostiene además que la derogación del Decreto 693-24 ha sido solicitada por el presidente de Estados Unidos, y por esa razón reafirma su oposición a eliminar la medida.
“Defender no es defender el atraso”
Aunque el Frente Amplio se opone a derogar el decreto, intenta despegarse de una defensa cerrada del statu quo. “Defender el Decreto 693-24 no significa defender el atraso”, dijo Cabrera, al proponer que la protección conviva con una política integral para elevar productividad y competitividad.
Entre las medidas enumeradas figuran mecanización, investigación y desarrollo de nuevas variedades, reducción de costos y aumento de rendimientos, uso eficiente del agua, financiamiento, infraestructura, almacenamiento y fortalecimiento tecnológico de toda la cadena productiva. El objetivo, sostuvo, debería ser producir “un arroz cada vez más competitivo”, no abandonar la producción.
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