El diálogo entre representantes de jueces y el Consejo del Poder Judicial (CPJ) no logró desactivar la tensión interna en el sistema de justicia. Magistrados que impulsan la protesta ratificaron el llamado a un paro nacional de labores para este jueves 21 de mayo, tras considerar insuficientes las respuestas ofrecidas hasta el momento a sus demandas salariales y laborales.
La convocatoria, que inicialmente contaba con el respaldo de menos de 300 jueces, aumentó a 448 magistrados y casi 2,000 servidores judiciales, según un folleto distribuido este martes y citado por Diario Libre. La ratificación del paro fue comunicada por varios jueces, así como por Yokaurys Morales Castillo, presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, y Dante Ozuna, presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa).
Los convocantes alegan “falta de respuestas concretas” por parte del CPJ, pese a las reuniones sostenidas en los últimos días para buscar una salida al conflicto. La protesta coloca al Poder Judicial ante un escenario delicado, por el posible impacto en audiencias, servicios administrativos y trámites de usuarios del sistema.
Reclamos salariales y condiciones de trabajo
El centro del conflicto está en la demanda de indexación salarial, mejores condiciones laborales, aplicación de ascensos pendientes, pago de suplencias y puesta en vigencia del Manual de Compensaciones y Beneficios, aprobado por resolución en 2022. Esos reclamos forman parte de las reivindicaciones planteadas por los magistrados que convocaron el paro.
El Poder Judicial informó este martes que cuenta con una promesa del Ministerio de Hacienda para habilitar un mayor presupuesto que permitiría indexar los salarios de los servidores judiciales. Sin embargo, para los representantes de los jueces, esa promesa no constituye todavía una garantía suficiente ni una respuesta concreta a las demandas acumuladas.
La convocatoria se produce en un contexto de malestar interno por lo que jueces han descrito como condiciones de trabajo extremas, compensaciones salariales deficientes y una alegada renuncia masiva de servidores judiciales. También han cuestionado el aumento de gastos en actividades del Poder Judicial mientras persisten reclamos laborales no resueltos.
Reuniones sin acuerdo definitivo
El pasado miércoles, representantes de los jueces se reunieron con una comisión designada para escuchar sus reclamos. De acuerdo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, en ese encuentro los magistrados compartieron sus inquietudes “de manera abierta y respetuosa”.
Tras esa reunión, Molina convocó al CPJ para este martes 19 de mayo. En el encuentro, el órgano instruyó la presentación de propuestas orientadas a mejorar la movilidad dentro de la carrera judicial y a identificar fondos para el pago de suplencias de jueces, dos de los puntos incluidos en las demandas del movimiento.
No obstante, las medidas anunciadas no frenaron el descontento. Los magistrados entienden que las respuestas siguen siendo insuficientes y decidieron mantener el paro previsto para este jueves.
Preocupación por el impacto institucional
La paralización anunciada representa un desafío para la administración de justicia, especialmente por el volumen de servicios que podrían verse afectados si la convocatoria se ejecuta con el nivel de adhesión anunciado.
El conflicto también ha generado preocupación fuera del tren judicial. Participación Ciudadana manifestó inquietud por la división interna en el Poder Judicial y consideró justas las reivindicaciones planteadas por los jueces, aunque señaló que deben ser atendidas conforme a las posibilidades reales de la institución.
La organización cívica también planteó que, ante denuncias sobre el manejo de recursos, debería producirse una rendición de cuentas del Consejo del Poder Judicial y de su presidente, así como una auditoría de la Cámara de Cuentas.
Un conflicto abierto
El paro del jueves coloca presión sobre el CPJ, el Ministerio de Hacienda y la dirección administrativa del Poder Judicial, en un momento en que el sistema enfrenta demandas internas por mejores condiciones y mayor claridad presupuestaria.
De no alcanzarse una salida antes de la jornada de protesta, el conflicto podría traducirse en retrasos de audiencias, acumulación de procesos y mayor tensión entre la gestión judicial y una parte significativa de sus jueces y servidores.
La discusión de fondo, sin embargo, va más allá de una paralización puntual. El reclamo salarial ha abierto un debate sobre la sostenibilidad del servicio judicial, la carrera de los magistrados, la carga laboral y la necesidad de garantizar condiciones que permitan una justicia eficiente, independiente y cercana a los ciudadanos.
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