La reciente modificación a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos ha generado confusión y preocupación entre fabricantes que llevan años invirtiendo en soluciones sostenibles sin recibir reconocimiento ni respaldo institucional, y que fueron excluidos del proceso de consulta, pese a que cumplen con los estándares internacionales.
La tensión aumenta ante dos líneas discursivas: una que asegura que no se prohíbe el uso del poliestireno expandido (foam) por el Gobierno, y la otra —de la nueva normativa— que impone condiciones marginantes para quienes ya han adoptado tecnologías biodegradables, tales como aditivos biodegradables certificados (ASTM D5511), espumas con polímeros modificados, foam con base biológica (biofoam) y tecnología de copolímeros oxo-biodegradables, entre otras de alta validez mundial.
Uno de los casos más emblemáticos, que llega a la redacción de Acento.com.do, es el de una empresa dominicana que desde hace dos años ha incorporado un aditivo certificado que convierte el foam en biodegradable. Esta innovación ha requerido una inversión superior a RD$40 millones, pero la reforma legal no reconoce ni valora este esfuerzo pionero. La preocupación son las auditorías y certificaciones como si se partiera de cero, precisa la fuente que ha solicitado no ser revelada.
Ante el planteamiento del Gobierno para distinguir entre productos realmente biodegradables y aquellos que solo lo proclaman, especialistas precisan que la postura ignora que ya existen soluciones científicamente validadas en el país; preocupa, además, cómo se evaluarán las tecnologías ya existentes y qué criterios se usarán para validar los aditivos.
El sector fabricante, empleador garante y extendido por toda la República Dominicana, reitera que la ausencia de diálogo y la falta de reconocimiento a las iniciativas voluntarias revelan una visión fragmentada de la sostenibilidad. De manera que se corre el riesgo de desincentivar la innovación y castigar a quienes han apostado por el cambio antes que la ley lo exigiera.
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